El presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), Juan Carlos Sierra, advirtió que, si el procedimiento continúa dilatándose, recurrirán a nuevas acciones de presión y no descartan llevar el caso a instancias internacionales.

Tegucigalpa, Honduras. La reprogramación de la audiencia de declaración de imputado contra el general en condición de retiro Roosevelt Hernández abrió un nuevo capítulo de tensión alrededor de un proceso judicial que involucra a destacados periodistas hondureños y que ha puesto nuevamente en el centro del debate la libertad de expresión, la actuación de las instituciones de justicia y el respeto al debido proceso.

Los comunicadores Dagoberto Rodríguez, Rodrigo Wong Arévalo y Juan Carlos Sierra, quienes figuran como víctimas en el expediente, dejaron claro que no están dispuestos a permitir que la causa permanezca indefinidamente sin avances.

“De alargarse el proceso haremos denuncias nacionales e internacionales, plantones y exigencias para que se respete el debido proceso”, manifestó Sierra al referirse a las acciones que podrían emprenderse si las autoridades judiciales no dan continuidad al expediente.

La advertencia ocurre después de que la audiencia de declaración de imputado contra Hernández fuera reprogramada, una decisión que generó preocupación entre los periodistas y organizaciones vinculadas con la defensa de los derechos humanos.

Un expediente que vuelve a poner a prueba a la justicia

El caso contra Roosevelt Hernández no es considerado por los periodistas como un expediente judicial más. Para el CPH, se trata de un proceso con especial relevancia debido a que los hechos denunciados están relacionados con actuaciones que, según la acusación del Ministerio Público, habrían afectado derechos fundamentales vinculados con el ejercicio periodístico.

Hernández enfrenta acusaciones por los delitos de incitación a la discriminación y limitación o impedimento de determinados derechos fundamentales, en perjuicio de Dagoberto Rodríguez, Rodrigo Wong Arévalo y Juan Carlos Sierra. Los hechos investigados están relacionados con actuaciones atribuidas al exjefe de las Fuerzas Armadas durante 2025.

El proceso, por tanto, ha adquirido una dimensión que trasciende la disputa entre personas y se ha convertido en un caso de interés para sectores que defienden la libertad de prensa y los derechos humanos.

Para los periodistas afectados, el objetivo no es obtener un trato privilegiado, sino que el expediente avance conforme a las reglas establecidas y que sean los tribunales los que determinen las responsabilidades correspondientes.

Sierra: “No tenemos miedo”

El presidente del CPH sostuvo que los periodistas involucrados no tienen temor de continuar con el proceso y consideró que algunas de las actuaciones de la defensa de Hernández podrían formar parte de una estrategia jurídica.

“No tenemos miedo, creemos que es un juego jurídico más de la defensa del General”, expresó Sierra.

Sin embargo, más allá de las estrategias que puedan utilizar las partes, el dirigente gremial dejó claro que existe preocupación por cualquier circunstancia que pueda provocar que el caso pierda continuidad.

La posición del CPH es que una reprogramación no debería convertirse en un mecanismo para prolongar indefinidamente el expediente.

En ese sentido, Sierra señaló que las organizaciones periodísticas estarán vigilantes de las próximas actuaciones judiciales y que, si consideran que se está afectando el curso normal del proceso, aumentarán las acciones de presión.

Señalamientos sobre presuntas maniobras procesales

La controversia aumentó después de que la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU) y Jóvenes Promotores y Defensores de los Derechos Humanos (JOPRODEH) formularan denuncias sobre presuntas maniobras que, según esas organizaciones, podrían estar provocando retrasos en el proceso contra Hernández.

En dichas denuncias fueron mencionados los magistrados de la Corte Suprema de Justicia Sonia Marlina Dubón y Mario Díaz, a quienes las organizaciones señalan por presuntas presiones y maniobras destinadas a reprogramar la audiencia y alterar el curso del proceso.

Se trata de señalamientos de particular gravedad porque involucran a miembros del máximo órgano jurisdiccional del país. Precisamente por ello, desde el gremio periodístico se ha pedido que cualquier actuación relacionada con el expediente sea transparente y pueda ser sometida al escrutinio correspondiente.

Sierra expresó su preocupación ante estos señalamientos y recordó que el caso tiene una dimensión pública debido a que está relacionado con la libertad de expresión.

“Nos preocupan las denuncias donde se mencionan a dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia”, manifestó, al advertir que, de comprobarse alguna actuación irregular, no debería olvidarse que se trata de un expediente que ha generado atención nacional por sus implicaciones para la libertad de expresión.

Dagoberto Rodríguez exige que no haya injerencias

Uno de los periodistas directamente vinculados al proceso, Dagoberto Rodríguez, también reaccionó ante la reprogramación y dejó claro que recurrirá a su representación legal si considera que el expediente continúa sin avanzar.

Rodríguez, director de Radio Cadena Voces (RCV), explicó que la estrategia será utilizar los mecanismos legales disponibles para exigir que el proceso siga su curso y que no existan interferencias de las distintas instituciones involucradas.

“A través de nuestra abogada vamos a exigir que no haya vacilaciones o injerencia del ente acusador, investigador y también desde el Poder Judicial”, afirmó el comunicador.

El periodista sostuvo que la principal preocupación de las víctimas es que el expediente pueda llegar a una conclusión conforme a derecho.

La exigencia, según Rodríguez, es sencilla: que se respete el debido proceso y que exista justicia.

“Como víctimas y como afectados queremos que se respete el debido proceso y que, al final, se tenga justicia, no queremos más que eso”, manifestó.