Esta semana el Congreso Nacional discute una reforma que dividiría la ENEE en tres empresas: generación, transmisión y distribución.
Antes de opinar, hay que reconocer lo que la propuesta sí resuelve: ordenar quién puede invertir en el sistema eléctrico y bajo qué condiciones, algo que hoy es difícil de gestionar con todo mezclado en una sola entidad. Eso no es un cambio menor.
Pero ahí se agota lo que la ley resuelve, y empieza lo que deja sin resolver.
El problema real de la ENEE no es de organigrama, es de fuga. De cada tres lempiras de electricidad que Honduras genera, una se pierde. No por accidente, por hurto de energía, por miles de usuarios que llevan años sin pagar, y por una empresa que, según cifras que han circulado en el propio Congreso, tiene 2,300 empleados, de los cuales el 83% cumple funciones administrativas y solo el 17% es personal técnico. Esa proporción, por sí sola, explica más del problema que cualquier debate sobre estructura societaria.
Ninguna reestructuración cierra esa fuga por sí sola, y no lo digo por intuición. La evidencia regional lo confirma con números, y Honduras tiene experiencia propia en esto: el país ya inició una primera reforma de su sector eléctrico en 1994, hace más de tres décadas, y aun así sigue exactamente en la misma crisis que hoy se pretende resolver otra vez. Cuando El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Panamá privatizaron su distribución eléctrica entre 1996 y 1998, los resultados fueron dispares y, en más de un caso, contrarios a lo prometido: en El Salvador las pérdidas pasaron de 10.6% a 14.6%, en Nicaragua de 29.1% a 32.5%, Guatemala no mostró ningún avance, y solo Panamá logró una mejora modesta, de 22.7% a 19.8%. La promesa de que separar en empresas resuelve las pérdidas técnicas y no técnicas no se sostiene con el historial de la propia región, mucho menos con el historial propio de Honduras.
Aquí está el punto que casi nadie está poniendo sobre la mesa, y que cambia el cálculo completo: la propia Ley General de Administración Pública, en su artículo 51, ya permite crear tres instituciones separadas, empresas públicas y no sociedades mercantiles, sin necesidad de dar el paso adicional de convertirlas en entidades de derecho comercial. El artículo 53 de esa misma ley es todavía más claro: una empresa pública solo se transforma en sociedad mercantil si hay un decreto específico que lo ordene. Es decir, separar sin mercantilizar no es una idea nueva ni forzada. Ya está en la ley, y no se usó.
Esa decisión tiene consecuencias concretas. Una sociedad mercantil, aunque sea propiedad del Estado al cien por ciento, se rige por el Código de Comercio y queda expuesta a los procedimientos ordinarios de embargo, como cualquier empresa privada. Una institución descentralizada, en cambio, está protegida por el artículo 246 de las Disposiciones Generales del Presupuesto, que declara inembargables los fondos públicos de las instituciones del Estado. Y no es un temor hipotético: la propia ENEE, tal como existe hoy, ya tiene fondos embargados, y la Corte Suprema de Justicia ha tenido que intervenir para frenar pagos millonarios que un juzgado había ordenado a favor de una empresa privada.
El Congreso ya salió a decir que los bienes de la ENEE serán inembargables y que no habrá privatización. Está bien que lo digan. Pero una declaración pública no es lo mismo que una garantía en el texto de la ley, y esa protección depende de la figura jurídica que se elija, no de una promesa en rueda de prensa. Y hay algo que ningún blindaje sobre venta de acciones alcanza a cubrir: que los bienes sean inembargables no significa que el servicio no pueda terminar en manos privadas por otra vía, un contrato de operación a veinte o treinta años, donde la ENEE sigue siendo dueña en el papel, pero quien factura, quien cobra y quien decide es un privado. La propiedad seguiría siendo pública. El control y el beneficio, no. Eso no es privatizar la empresa. Es privatizar el negocio y dejarle al Estado la deuda.
Antes de aprobar esta ley, exijo tres cosas que hoy no están garantizadas con firmeza. Una auditoría forense, para saber con precisión dónde se pierde el dinero, porque no se puede diseñar un rescate financiero de una deuda de 121,800 millones de lempiras sin ese diagnóstico previo. Un blindaje real bajo el régimen de inembargabilidad que la propia ley hondureña ya ofrece a las instituciones descentralizadas, en lugar de exponer las nuevas entidades al régimen mercantil ordinario, y que ese blindaje incluya también los contratos de operación, no solo la venta de acciones. Y un plan concreto contra el hurto y la mora, con metas medibles por segmento, porque ese es el problema de fondo, con o sin la nueva estructura.
Separar la ENEE puede tener sentido. Convertirla en sociedades mercantiles cuando la propia ley permite hacerlo sin ese riesgo, no lo tiene.
