La propuesta de Ley de Justicia Energética ha generado interrogantes sobre el futuro de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y, particularmente, sobre el alcance que tendrá la participación privada en el sector eléctrico hondureño.
Aunque el proyecto de reforma no plantea de manera expresa la privatización de la ENEE, sí amplía los espacios para que empresas privadas participen en actividades como la generación, comercialización y distribución de energía.
Uno de los principales puntos de discusión está relacionado con la posibilidad de que las empresas generadoras puedan vender electricidad directamente a distribuidoras, consumidores calificados, comercializadoras y otros agentes del mercado. Esta disposición ha llevado a cuestionar hasta dónde llega la participación privada y si, en la práctica, representa una forma de privatización de determinadas actividades del sector eléctrico.
Otro elemento que genera debate es la creación de un Operador del Sistema y del Mercado (OSM), contemplado en la reforma al artículo 9 de la Ley General de la Industria Eléctrica. De acuerdo con la propuesta, este organismo sería independiente de la ENEE, tendría personalidad jurídica y patrimonio propio y no formaría parte de la Administración Pública.
El OSM tendría entre sus principales responsabilidades la operación integrada del sistema eléctrico y la administración del mercado. Precisamente, su carácter independiente de la Administración Pública plantea otra interrogante: si la ENEE continuará siendo una empresa estatal, ¿qué naturaleza tendrá este nuevo organismo encargado de administrar y operar el mercado eléctrico?
La propuesta también establece que los activos estratégicos del Estado continuarían bajo control de la ENEE. El literal D del artículo 3 señala que las presas hidroeléctricas, las redes de transmisión y distribución, las subestaciones, los terrenos, las servidumbres y demás infraestructura estatal permanecerán bajo la titularidad y patrimonio de la ENEE Matriz.
Este punto marca una diferencia importante: mientras se amplía la participación de empresas privadas en el mercado eléctrico, los principales activos e infraestructura estatal continuarían siendo propiedad de la ENEE.
Sin embargo, otro aspecto que alimenta el debate es la integración de la junta directiva del OSM. La propuesta contempla la participación de representantes de empresas transmisoras, generadoras, comercializadoras y distribuidoras, además de representantes de los consumidores.
Por ello, las preguntas centrales que quedan planteadas son: ¿se trata de una privatización de la ENEE o de una apertura del mercado eléctrico a una mayor participación privada? ¿Qué grado de independencia tendrá el OSM frente al Estado? ¿Y cómo se garantizará que las decisiones del mercado respondan al interés público si en su dirección participan representantes de empresas privadas?
La respuesta dependerá de cómo se interpreten y, finalmente, cómo se apliquen las disposiciones de la nueva legislación. Lo que establece el proyecto es que los activos estatales permanecerían en manos de la ENEE, pero al mismo tiempo se modificaría la estructura de operación y administración del mercado eléctrico, dando un mayor espacio a los actores privados.
Así, más que una discusión limitada a si la ENEE será o no privatizada, la reforma abre un debate más amplio sobre quién tendrá el control del mercado eléctrico hondureño, cómo se tomarán las decisiones y cuál será el verdadero papel del Estado y de las empresas privadas en el sector.
