“Existen motivos razonables para creer que muchas de esas muertes constituyen ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad”, declararon los investigadores.
El informe, que será presentado el viernes ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra por la alta comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ofrece duras críticas de la gestión del presidente Nicolás Maduro y su manejo de la crisis política y económica cada vez más profunda de Venezuela.
En el documento se afirma que, desde 2016, el gobierno ha adoptado medidas que “tienen como objetivo neutralizar, reprimir y criminalizar a opositores/as políticas y críticas al gobierno”.
Las Fuerzas de Acciones Especiales en principio tienen la tarea de combatir el narcotráfico y la delincuencia, pero los funcionarios de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dijeron que les preocupa que el gobierno utilice a esos funcionarios y a otros equipos de seguridad “como instrumento para infundir miedo a la población y mantener el control social”.
Las familias de veinte jóvenes que fueron asesinados durante el año pasado describieron un patrón de violencia en el que las unidades de las FAES llegaban en camionetas negras sin placas, vestidos de negro y con el rostro cubierto con pasamontañas.
Se metían a sus casas, incautaban sus pertenencias y acosaban sexualmente a las mujeres, pidiéndoles a algunas que se desnudaran. Después “separaban a los jóvenes de sus familiares antes de dispararles”, informaron los investigadores.
En cada caso descrito a los investigadores, los agresores manipularon la escena del crimen. “Habrían plantado armas y drogas y habrían disparado sus armas contra las paredes o en el aire para insinuar un enfrentamiento y demostrar que la víctima se habría ‘resistido a la autoridad’”, dice el informe.
Los investigadores dijeron que también habían documentado los casos de seis hombres jóvenes ejecutados en represalia por su participación en las protestas antigubernamentales, cuyas ejecuciones se efectuaron durante los allanamientos de domicilios.
De acuerdo con el informe, cinco miembros de las fuerzas especiales han sido condenados por homicidio frustrado y otros delitos ocurridos en 2018, y otros 388 miembros están siendo investigados por abusos. Sin embargo, el documento afirma que pocas víctimas han tenido acceso efectivo a la justicia y a una reparación adecuada.
El informe también describe abusos sistemáticos por parte de los servicios de seguridad e inteligencia hacia personas detenidas por motivos políticos. En la mayoría de estos casos, se sometió a hombres y mujeres a una o más formas de tortura, como la aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas y violencia sexual. A las mujeres las arrastraban por el pelo y las amenazaban de violación, dice la investigación.
La ONU afirma en el documento que, a menudo, las detenciones carecían de fundamento legal y que más de dos mil personas fueron arrestadas por motivos políticos en los primeros cinco meses del año y más de 720 aún estaban detenidas a finales de mayo.
