El año pasado Piedad Córdoba fue retenida provisionalmente en Honduras por pretender salir del país con 68 mil dólares sin declarar
El Gobierno colombiano extraditó este jueves a Estados Unidos a Álvaro Córdoba, hermano de la senadora oficialista Piedad Córdoba, quien estaba solicitado por una corte de ese país por delitos relacionados con narcotráfico.
La operación de extradición comenzó en la cárcel La Picota, de Bogotá, de donde el hermano de Córdoba salió escoltado por miembros del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), hasta la base militar de Catam, anexa al aeropuerto El Dorado.
Allí los paramédicos evaluaron el estado de salud de Córdoba y de otras cinco personas, que también fueron extraditadas a diferentes partes de Estados Unidos.
«Soy inocente y lo demostraré en Estados Unidos«, gritó Córdoba segundos antes de subir a un avión de la agencia estadounidense antidrogas (DEA).
Álvaro Córdoba intentó evitar su extradición, pero los recursos jurídicos fueron rechazados por la Corte Suprema de Justicia y el Gobierno.
La senadora Piedad Córdoba hace parte del Pacto Histórico, partido que llevó al poder al presidente colombiano, Gustavo Petro.
Cuando su hermano fue detenido, la senadora aseguró que ninguno de los dos tiene «relación alguna con el narcotráfico ni con grupos armados»; por lo que pidió que se acabe con «la persecución política» contra ella y su familia.
La senadora es señalada de tener vínculos con el empresario colombiano Álex Saab, preso en Estados Unidos; que lo acusa de ser testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
Retención de Piedad Córdoba en Honduras
El año pasado Piedad Córdoba apareció en portada de medios colombianos y del resto de Latinoamérica tras ser retenida provisionalmente en Honduras por pretender salir del país con 68 mil dólares sin declarar.
La funcionaria llegó vía aérea al país el 22 de mayo y detenida el 25 del mismo mes en el Aeropuerto Internacional de Palmerola cuando iba a abordar un vuelo con destino a Panamá.
Córdoba aseguró que el dinero se lo pagó un empresario colombiano que reside en Honduras por una asesoría, versión que no pudo probar.
La ley hondureña permite hasta 10,000 dólares como cantidad máxima de dinero que puede portar una persona justificando su procedencia.
Por ello se requirió a la colombiana, pero el Ministerio Público ordenó el 26 de mayo su libertad tras no encontrar pruebas de lavado de activos en su contra; pero los 68 mil dólares quedaron confiscados para su investigación porque «no pudo justificar o demostrar el origen».
