Por su parte ,Marlon Ochoa sale en redes sociales bailando en un concierto de Chakira en el Salvador sin miedo a la justicia.
Tegucigalpa, Honduras – 17 de febrero de 2026
La exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, lanzó un enérgico llamado a las autoridades para que se investigue y judicialice a los responsables de haber intentado boicotear el proceso electoral general de 2025, advirtiendo que la impunidad en este caso sentaría un precedente peligroso para la democracia hondureña.
Castellanos fue contundente al señalar que las acciones que atentaron contra la institucionalidad del país no pueden quedar en el olvido ni resolverse mediante arreglos políticos. “Quienes hicieron ese daño, tienen que ser investigados y ser judicializados y reciban lo que en ley corresponda”, expresó, al referirse a los hechos que rodearon el cierre y la declaratoria final de los comicios celebrados en noviembre del año anterior.
Defensa del proceso democrático
La socióloga subrayó que el país vivió momentos de alta tensión institucional durante el proceso electoral, en los que —según su valoración— se intentó vulnerar las bases democráticas mediante presiones y maniobras que buscaban alterar o frenar la oficialización de resultados.
En ese contexto, destacó el papel de las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall y Cossette López, quienes —según afirmó— enfrentaron amenazas directas contra sus familias y riesgos a su integridad personal.
Castellanos reconoció que ambas funcionarias soportaron una presión sin precedentes para impedir que el proceso culminara conforme a la ley. “Salvar el proceso democrático implicó asumir riesgos personales y familiares que no pueden minimizarse”, sostuvo.
Denuncias de acoso y campaña de odio
La semana pasada, Hall y López denunciaron públicamente haber sido víctimas de una “campaña de odio y violencia sin límite” tras las elecciones de 2025. A través de la red social X, Ana Paola Hall reveló que tanto ella como su colega, así como sus hijas, fueron objeto de acoso.
“Fuimos acosadas. Nosotras, las dos consejeras del CNE, y también nuestras hijas. Se intentó secuestrar el proceso electoral y vulnerar las bases democráticas de Honduras”, escribió Hall, al tiempo que exigió que los hechos no queden impunes.
La funcionaria acusó al antiguo aparato oficialista liderado por el Partido Libertad y Refundación (Libre) de actuar “de manera coordinada” para impedir la declaratoria final de los comicios. Según su denuncia, existieron presiones institucionales y campañas de hostigamiento orientadas a “arrebatarle al pueblo” su decisión en las urnas.
Por su parte, Cossette López denunció la existencia de un bloqueo en los tribunales, asegurando que han transcurrido más de 105 días sin que sus denuncias reciban respuesta. “Se instrumentalizó la justicia con fines políticos”, afirmó, y solicitó la apertura de juicios políticos contra quienes, a su juicio, facilitaron la impunidad de los responsables.
Advertencia contra pactos políticos
En sus declaraciones, Julieta Castellanos también cuestionó cualquier posibilidad de que el Partido Nacional de Honduras pueda negociar con Libre una cuota de impunidad sobre las figuras señaladas de sabotear el proceso electoral.
La exrectora sostuvo que un acuerdo de esa naturaleza profundizaría la desconfianza ciudadana hacia el sistema político y enviaría un mensaje de permisividad frente a acciones que comprometen la estabilidad democrática.
“Cuando se negocia la impunidad, se erosiona la democracia. El país necesita justicia, no pactos de silencio”, enfatizó.
Señalamientos y contraste público
En medio de la controversia, en redes sociales ha circulado contenido que muestra a Marlon Ochoa participando en un concierto en El Salvador, lo que ha generado críticas de sectores que consideran que algunos actores señalados actúan sin temor a eventuales procesos judiciales en Honduras.
Aunque no se ha confirmado formalmente una acusación penal directa en su contra en este contexto específico, la exposición pública del funcionario ha avivado el debate sobre la necesidad de que el Ministerio Público actúe con celeridad y transparencia para esclarecer responsabilidades.
Un llamado a fortalecer el Estado de derecho
Para Castellanos, el momento que atraviesa el país representa una prueba decisiva para el Estado de derecho. Recordó que la democracia no se limita a la celebración de elecciones, sino que requiere instituciones capaces de garantizar la legalidad, sancionar abusos y proteger a quienes cumplen su deber.
La exrectora insistió en que la judicialización no debe interpretarse como una persecución política, sino como una obligación constitucional para restablecer la confianza ciudadana. “La democracia se defiende con instituciones firmes y con justicia. Si no hay consecuencias, se normaliza el sabotaje”, advirtió.
Las denuncias de las consejeras del CNE y las declaraciones de Castellanos reavivan el debate sobre la fragilidad institucional en Honduras y la urgencia de reformas que blinden los procesos electorales frente a presiones partidarias.
Mientras tanto, diversos sectores de la sociedad civil permanecen atentos a la respuesta del Ministerio Público y del Poder Judicial, en un escenario donde la demanda principal es clara: que los hechos ocurridos durante el proceso electoral de 2025 no queden en la impunidad y que los responsables, una vez identificados, enfrenten la justicia conforme a la ley.
