El Congreso Nacional aprobó una serie de reformas penales orientadas a fortalecer la lucha contra las maras y pandillas en Honduras, medidas que entrarán en vigencia tras su publicación en el diario oficial La Gaceta. Las disposiciones incluyen penas más severas, controles estrictos a compañías telefónicas y entidades financieras, así como nuevas regulaciones para la venta de chips telefónicos.
El presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional, Marcos Paz, explicó que las reformas buscan desarticular no solo a quienes ejecutan las extorsiones, sino también a las redes financieras y logísticas que respaldan estas actividades delictivas.
Según detalló el congresista, las nuevas normas amplían el alcance del delito de extorsión, permitiendo perseguir penalmente a personas que faciliten cuentas bancarias, retiren dinero ilícito o participen en movimientos financieros relacionados con fondos provenientes de actividades criminales.
Asimismo, las empresas telefónicas deberán mantener un registro detallado y verificable de sus usuarios, además de responder en un plazo máximo de 24 horas a solicitudes judiciales relacionadas con intervenciones de comunicaciones. En el caso de las instituciones financieras, el tiempo límite para entregar información requerida por las autoridades será de 10 días hábiles.
Otro de los cambios relevantes será el mayor control sobre la comercialización de chips telefónicos, ya que las compañías estarán obligadas a verificar plenamente la identidad de cada comprador y mantener registros actualizados de las ventas.
Las reformas también contemplan un aumento en las penas por extorsión, que ahora oscilarán entre 15 y 20 años de prisión. Además, se aplicarán agravantes cuando los delitos involucren menores de edad, personas con discapacidad o ciudadanos en condición de vulnerabilidad.
Entre las disposiciones aprobadas destaca también la posibilidad de catalogar a las maras y pandillas como organizaciones terroristas, argumentando el impacto de violencia y pérdidas económicas que generan en distintos sectores del país.
El paquete legislativo incluye además la creación de una Agencia Nacional contra el Crimen, organismo que integrará cuerpos de inteligencia, fiscales, jueces, Policía Nacional y Fuerzas Armadas para coordinar acciones contra la criminalidad organizada en Honduras.
