Por Nina Lakhani para The Guardian
El gobierno británico autorizó la venta de equipos de espionaje a Honduras poco antes de unas disputadas elecciones generales y que condujo a una violenta represión contra manifestantes y activistas opositores del país centroamericano.
Equipo de interceptación de telecomunicaciones por valor de al menos 300 mil libras esterlinas, sosticada tecnología de espionaje que puede usarse para interceptar, monitorear y rastrear correos electrónicos, teléfonos móviles y servicios de mensajería en línea como WhatsApp fue vendido por Londres a Honduras para ser utilizado por las agencias policiales que tienen un registro de secuestros, torturas y ejecuciones extrajudiciales. El gobierno de Inglaterra también aprobó dos licencias de exportación abiertas entre diciembre de 2016 y septiembre de 2017, según la última información disponible del Departamento de Comercio Internacional (DIT).
Estas licencias abiertas permiten la exportación frecuente de una amplia gama de partes militares y telecomunicaciones, como cables y sistemas de software “sensibles a las escuchas”, pero la DIT no está obligada a revelar qué es lo que se vende, si es que se vende.
Honduras, es el segundo país más pobre y desigual de América, que ha estado plagado de una mezcla letal de violencia, impunidad y corrupción desde el golpe de Estado de junio de 2009 que llevó al Partido Nacional al poder, donde se mantuvo a pesar de las acusaciones de asesinatos patrocinados por el Estado, fraude y vínculos con el crimen organizado.
El país fue sacudido por una nueva ola de disturbios desde las elecciones generales de noviembre. A pesar de las denuncias generalizadas de fraude y las llamadas de los observadores internacionales para una nueva votación, el actual presidente Juan Orlando Hernández fue declarado ganador.
En medio de masivas manifestaciones callejeras diarias, Hernández envió a miles de policías, equipos SWAT (antidisturbios), soldados y policías militares para reprimir a los manifestantes.
Al menos 40 personas han sido asesinadas desde las elecciones y más de dos mil detenidos, muchos de ellos bajo una controvertida Ley antiterrorista. Activistas de alto perfil aseguraron que han sido hostigados e intimidados por las fuerzas de seguridad.
La Ley británica de control de exportaciones de 2008 prohíbe la venta de armas a países en los que existe un claro riesgo de que se utilicen para reprimir a su propia gente.
Sin embargo, el gobierno ha sancionado la venta de spyware a Estados autoritarios como Arabia Saudita, Bahrein, Turquía, Egipto y ahora Honduras, a pesar de la evidencia de que la tecnología de vigilancia se usa para atacar a activistas y opositores.
“La ley británica no es ambigua…[Sin embargo] el gobierno vendió tecnología de supervisión y descifrado a Honduras, diseñada expresamente para espiar a sus ciudadanos, meses antes de que el Estado reuniera a miles de personas en una bien orquestada operación de vigilancia”, dijo Lloyd Russell-Moyle, (diputado) laborista y miembro del comité de la Cámara de los Comunes (Parlamento) para el control de exportación de armas.
Russell-Moyle presentó una pregunta parlamentaria por escrito, pidiendo al gobierno que nombre a la compañía que vendió el equipo de espionaje y cómo consideró sancionar (autorizar) la venta.
