jueves, julio 7, 2022

Juez reprogramó para el lunes dictar la resolución contra exministro de Copeco

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Uno de los implicados en este caso es el exministro de Copeco, Gabriel Rubí.

El juez de letras penal en materia de corrupción, reprogramó para el lunes dictar la resolución de la audiencia inicial en la causa instruida contra el exministro la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales de Honduras (Copeco), Gabriel Rubí, acusado por los delitos de fraude y violación a los deberes de los funcionarios.

Asimismo, se encuentran en este expediente judicial Gustavo Adolfo Cruz Gómez, quien fungía como subcomisionado de la misma institución y Cristian Elías Santeli, exadministrador, a quienes se les supone responsable como autores directos de los delitos de fraude y violación a los deberes de los funcionarios.

En el mismo requerimiento fiscal se acusa también a Arlette Magaly Montero Rodríguez, quien era la directora interina del Centro Nacional de Investigación y Capacitación de Copeco, por el delito de fraude a título de cooperador necesario en perjuicio de la administración pública.

El portavoz de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Carlos Silva, afirmó lo anterior y continuó que la Fiscalía solicitó en etapa de conclusiones que se les dicte un auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva contra los cuatro exfuncionarios, mientras que la defensa de los encausados pidió un sobreseimiento definitivo para sus representados

La acción establece que los exfuncionarios en el marco de un decreto de emergencia el 10 de febrero del año 2020, solicitaron la construcción de un centro de triaje en el Instituto Cardiopulmonar del Tórax, el cual, según la investigación, no fue solicitado por las autoridades hospitalarias, sin embargo, se suscribió un contrato por más de cuatro millones de lempiras con una empresa constructora y se estima que hubo una sobrevaloración cercana al millón y medio de lempiras.

La obra no contaba con los estudios, diseños o especificaciones generales y técnicas en función de una necesidad en el área de salud, además se omitió los requisitos previos establecidos en la Ley de Contratación de Estado, violando así varios de sus artículos en donde se busca eficiencia y transparencia en la búsqueda de mejores condiciones de costo y calidad.

La investigación también establece que Gabriel Rubí autorizó el pago del 15 por cierto por anticipo sin cumplir con todos los requisitos previos al inicio de la obra, mientras que Gustavo Adolfo Cruz, fue quien decidió de manera unilateral que empresa sería la que ejecutaría la obra.

También Cruz era quien hacia las verificaciones de avances y recibía las estimaciones, labor que no le correspondía.

Al final la obra quedó inconclusa, no hubo un acta de recepción de entrega final ni una garantía de calidad de la obra.

Otro que también se encuentra acusado por la Fiscalía es el representante legal de la empresa JF construcciones, Fernando Sierra, por el por el delito de fraude a título de cooperador necesario en perjuicio de la administración pública.

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