martes, febrero 7, 2023

MP ejecuta varias órdenes de captura en SPS contra desarrolladores de Ciudad Jaraguá

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A quienes se les supone responsables por el delito de corte ilegal de producto forestal, daños en su modalidad de agravados.

La Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) junto a la Fiscalía Especial del Medio Ambiente (FEMA), la ATIC y la Fiscalía para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), presentó requerimiento fiscal con órdenes de captura para empresarios y ex funcionario municipales por la construcción en la zona de reserva El Merendón de lo que se conoce como proyecto habitacional Ciudad Jaraguá.

 

De acuerdo a las investigaciones hechas por el Ministerio Público, este proyecto, ubicado entre Armenta y El Zapotal, inició con el corte y aprovechamiento de productos forestales y apertura de calles, lo que causó daños y perjuicios al Medio Ambiente principalmente a las fuentes de agua, flora y fauna de la Zona de Reserva.

A medida que el ilegal proyecto avanzaba se acreditó que en conexión directa con la tramitación y autorización de las licencias ambientales y los permisos correspondientes obtenidos de manera irregular, los representantes legales de las empresas desarrolladoras del proyecto Ciudad Jaraguá, continuaron con la construcción, y para ello, contrataron a dos empresas para realizar trabajos de voladura de rocas con explosivos y urbanización del proyecto, compañías que no estaban autorizadas legalmente para realizar este tipo de actividad.

Asimismo, se descubrió fue que los desarrolladores dividieron el proyecto habitacional en tres partes para luego solicitar la licencia ambiental como un proyecto Categoría 3, pero los diferentes dictámenes e informes emitidos por FEMA del Ministerio Público y Secretaría de Recursos Naturales concluyeron que dicho proyecto de acuerdo a sus dimensiones supera los 30,000 m2 y en razón de su naturaleza, su impacto ambiental muy alto, su tipo de construcción, características de la urbanización, sitio geográfico de ubicación y zona considerada ambientalmente frágil, entonces Ciudad Jaraguá es Categoría 4.

Por ello,  los funcionarios municipales se tomaron una atribución que no era de su competencia en razón de las actividades obras o proyectos de categoría 4, quienes debieron rechazar dicha solicitud, para que fuera la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente SERNA como autoridad competente y la única autorizada legalmente para categorizar el proyecto y posteriormente extender la Licencia Ambiental correspondiente a categoría 4.

A pesar de todas las irregularidades anteriores y aun sin contar con todos los permisos respectivos los desarrolladores han continuado construyendo el proyecto en manera ilegal, ya que no contaban con la aprobación final, por parte de la Comisión Técnica de Urbanismos y Obras Públicas, ni había sido del conocimiento ante la Corporación Municipal, por lo que es considerado una Urbanización Ilegal, también hay que agregar que la Dirección de Agua y Saneamiento de la Municipalidad de San Pedro Sula, recientemente realizó inspección a la Urbanización de “Cumbres de Jaraguá” concluyendo que la construcción del sistema de alcantarillado y agua potable, no tienen aprobación por la autoridad competente Municipal.

En total, son nueve allanamientos de domicilio que se efectúan con el objetivo de cumplir órdenes de capturas libradas a empresarios y empleados de la municipalidad de San Pedro Sula, por supuestas irregularidades cometidas en la ejecución del proyecto Ciudad Jaraguá.

Defensa: Es un ataque del MP por “conveniencia” y para “levantar su perfil”

El representante legal, Clovis Duarte aseguró recientemente que las acusaciones hechas por el Ministerio Público contra los proyectos habitacionales Prados de Jaragua y Cumbres de Jaragua en San Pedro Sula“no tienen sustento legal”.

“Estamos en un país donde los órganos de persecución penal atacan a la inversión nacional, atacan al inversor y a aquella persona que decide invertir sus recursos y generar empleos” declaró Duarte en una entrevista.

El abogado indicó que el Ministerio Público, desde 2015 ha tenido “chineada” esta investigación, donde acusan a los proyectos habitacionales de no tener permiso de operación y licencia ambiental.

Sin embargo, asegura que sí cuentan con la documentación legal y que dichas acusaciones fueron hechas por conveniencia y para “levantar su perfil”.

“La acusación nunca debió ejercerse y mucho menos realizarla en una manera tan grotesca como ser la captura de mis representados (…) no constituye delito realizar inversiones en el país” finalizó.

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