Califican la acción judicial como un paso significativo para la protección de la libertad de expresión y un precedente que beneficia a toda la sociedad hondureña.

El requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público contra el exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, continúa generando reacciones en distintos sectores del país. Esta vez, el presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), Juan Carlos Sierra Galeas, calificó la acción judicial como un paso significativo para la protección de la libertad de expresión y un precedente que beneficia a toda la sociedad hondureña.

Durante declaraciones brindadas a medios de comunicación, Sierra afirmó que la decisión del Ministerio Público trasciende el ámbito periodístico y representa un mensaje claro sobre la importancia de garantizar el libre ejercicio del periodismo en Honduras.

El dirigente gremial sostuvo que el requerimiento no debe interpretarse como una victoria exclusiva de los comunicadores que denunciaron el caso, sino como un logro en favor de todos los ciudadanos.

«Este no es un triunfo de tres periodistas ni únicamente del Colegio de Periodistas; es un triunfo de toda la sociedad porque la libertad de expresión pertenece a todos», expresó el presidente del CPH.

Un proceso que, según el CPH, tardó en avanzar

Juan Carlos Sierra también señaló que, aunque el Ministerio Público finalmente actuó conforme a sus facultades legales, la respuesta institucional llegó varios meses después de que fueran presentadas las denuncias.

Según explicó, el caso permaneció sin mayores avances durante un largo período, situación que generó preocupación dentro del gremio periodístico y organizaciones defensoras de los derechos humanos y la libertad de prensa.

A criterio del dirigente, la insistencia del Colegio de Periodistas, de diversos medios de comunicación y de organismos nacionales e internacionales contribuyó a que las autoridades retomaran las investigaciones.

Asimismo, consideró que el requerimiento envía un mensaje positivo a la comunidad internacional sobre el compromiso del sistema de justicia con la protección de un derecho fundamental como la libertad de expresión.

El origen del caso

La investigación tiene su origen en publicaciones difundidas entre 2025 y 2026 a través de un medio digital institucional vinculado a las Fuerzas Armadas.

Uno de los hechos que motivó las denuncias ocurrió el 26 de mayo de 2025, cuando fue publicada una portada titulada «Sicarios de la verdad», en la que se cuestionaba directamente a los periodistas Dagoberto Rodríguez Coello, Rodrigo Wong Arévalo y Juan Carlos Sierra.

Además de esa publicación, el contenido incluyó varias páginas con señalamientos dirigidos contra comunicadores hondureños, situación que posteriormente fue denunciada por los periodistas afectados y respaldada por el Colegio de Periodistas de Honduras.

El Ministerio Público informó que durante las investigaciones se realizaron análisis de publicaciones digitales, recopilación de testimonios y peritajes especializados para determinar la posible existencia de una campaña sistemática de desprestigio contra miembros de la prensa.

Cuestionamientos a la postura de Roosevelt Hernández

Tras conocerse el requerimiento fiscal, Roosevelt Hernández declaró públicamente que no era responsable directo de las publicaciones cuestionadas y atribuyó su elaboración al entonces encargado de Relaciones Públicas de las Fuerzas Armadas, Erwin Roberto Lara Franco.

Sin embargo, Juan Carlos Sierra rechazó esa explicación y sostuvo que quien ocupaba la máxima autoridad dentro de la institución militar debía asumir la responsabilidad política y administrativa de lo ocurrido durante su gestión.

El presidente del CPH calificó esa postura como un intento de deslindarse de los hechos investigados y reiteró que corresponde a los tribunales determinar las responsabilidades individuales conforme al desarrollo del proceso judicial.

Un caso con repercusiones para la libertad de prensa

El proceso judicial contra Roosevelt Hernández ha cobrado relevancia por su impacto en el debate sobre la protección de periodistas y medios de comunicación en Honduras.

Diversos sectores consideran que el caso podría convertirse en un precedente respecto a los límites entre el ejercicio del poder público y el respeto a los derechos constitucionales relacionados con la libertad de expresión y de prensa.

Mientras tanto, el Ministerio Público continuará con las etapas procesales correspondientes para que sea el Poder Judicial quien determine la existencia o no de responsabilidades penales en este expediente, uno de los más comentados en materia de libertad de prensa durante los últimos meses.