El Estado de Honduras será el propietario exclusivo del capital social por medio de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, la cual será la única accionista y titular del 100% de las acciones”.

Tegucigalpa, Honduras.— Después de más de tres horas de discusión y en medio de fuertes cuestionamientos de la oposición, el Congreso Nacional aprobó la noche del lunes la nueva Ley de Justicia Energética, una normativa que modifica el marco de funcionamiento del sector eléctrico hondureño, establece medidas de alivio para los usuarios y mantiene a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) bajo control exclusivo del Estado.

La aprobación se produjo tras una jornada legislativa que comenzó a las 7:45 de la noche y concluyó alrededor de las 11:20 p. m., con una votación favorable de 78 diputados. De estos, 49 correspondieron a la bancada del Partido Nacional y 29 al Partido Liberal.

El dictamen aprobado, de 64 páginas, incorporó las propuestas planteadas por la bancada liberal durante el proceso de discusión y establece una serie de disposiciones destinadas, según sus impulsores, a reducir la carga económica sobre los consumidores, ordenar las compras de energía y evitar nuevas prácticas que han generado cuestionamientos sobre el manejo de los recursos públicos.

Uno de los principales puntos de la nueva legislación es la permanencia de los subsidios para los hogares cuyo consumo eléctrico no supere los 150 kilovatios hora. La aplicación de este beneficio estará condicionada a parámetros de zonificación, con el objetivo de excluir de los subsidios a sectores identificados como zonas de alta plusvalía.

La ley también contempla la condonación de deudas para usuarios con consumos de hasta 250 kilovatios hora, siempre que previamente se realice una verificación técnica que determine que cumplen con las condiciones establecidas en la normativa.

Prohibición de compras directas

Entre los cambios considerados de mayor relevancia se encuentra la prohibición de las contrataciones directas para la adquisición de potencia eléctrica. A partir del nuevo marco legal, los procesos de compra deberán realizarse mediante subastas inversas, mecanismo que busca generar competencia entre los oferentes y obtener condiciones más favorables para el Estado.

El propósito de esta disposición es modificar la forma en que históricamente se han realizado determinadas contrataciones dentro del sector eléctrico y reducir el riesgo de acuerdos considerados desfavorables para las finanzas de la estatal.

La legislación también contempla que los futuros procesos de licitación pública deberán contar con la veeduría y el acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil especializadas en transparencia y rendición de cuentas.

Con esta disposición, los legisladores que respaldaron el proyecto sostienen que se pretende fortalecer los controles sobre las contrataciones y evitar la suscripción de contratos que puedan resultar sobrevalorados.

Otro de los compromisos incluidos en la normativa es que la tarifa eléctrica no será incrementada durante los próximos seis meses, como parte de las medidas de alivio contempladas por el Congreso.

En cuanto al desarrollo de las energías renovables, el dictamen establece que este tema será abordado mediante un decreto separado.

Libre vota en contra

La aprobación de la legislación no estuvo exenta de confrontación política. La bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre) votó en contra del dictamen y cuestionó tanto el contenido de la iniciativa como el procedimiento seguido para su aprobación.

Los diputados de Libre argumentaron que existieron inconsistencias durante el trámite legislativo y expresaron preocupación por las disposiciones relacionadas con la reestructuración corporativa de la ENEE bajo las normas del Código de Comercio.

Desde esa bancada se sostuvo que la transformación planteada podría modificar el propósito social de la empresa estatal y generar condiciones que eventualmente conduzcan a un proceso de privatización del servicio eléctrico.

Durante la sesión, Angélica Smith, diputada de Libre, defendió la posición de su bancada y aseguró que la energía eléctrica debe mantenerse como un derecho de la población y no convertirse en una actividad orientada exclusivamente al beneficio económico.

“Hoy en nombre de la bancada del partido Libertad y Refundación comparecemos con la firme convicción de que debemos de defender lo que consideramos esencialmente necesario para el pueblo hondureño: la energía eléctrica como un derecho del pueblo hondureño y no un negocio”, expresó Smith durante el debate.

Los cuestionamientos de Libre se centraron particularmente en el alcance que podría tener la reestructuración de la ENEE y en las consecuencias que, a criterio de sus diputados, podrían derivarse de la creación de nuevas estructuras empresariales dentro de la estatal.

Liberales rechazan riesgo de privatización

Ante las advertencias de Libre, la jefatura de la bancada del Partido Liberal rechazó que la nueva legislación contemple mecanismos destinados a privatizar la ENEE o transferir el patrimonio estatal a particulares.

Durante la discusión se enfatizó que la propiedad de la empresa eléctrica y de las futuras subsidiarias operativas permanecerá en manos del Estado hondureño.

La normativa establece expresamente que la ENEE será la empresa matriz y conservará el 100 % de las acciones de las sociedades subsidiarias que puedan constituirse como parte del proceso de reestructuración.

Jorge Cálix, jefe de la bancada del Partido Liberal, defendió esta disposición y aseguró que el Estado mantendrá el control absoluto sobre las nuevas estructuras empresariales.

“El Estado de Honduras será el propietario exclusivo del capital social de las sociedades subsidiarias por medio de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica en su condición de empresa matriz, la cual será la única accionista y titular del 100% de las acciones”, afirmó Cálix.

El dictamen incorpora además un mecanismo considerado como un “candado” institucional para impedir que futuras reformas