La reciente aprobación de la Ley de Justicia Energética marcará una nueva etapa para el sector eléctrico hondureño, aunque sus efectos directos en los precios que pagan los consumidores no serían inmediatos.
El comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), Héctor Corrales, explicó que los primeros resultados concretos de las reformas podrían comenzar a observarse en aproximadamente 18 meses, luego de completar un proceso técnico y administrativo que calificó como complejo y progresivo.
Corrales señaló que la transformación de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) requiere tiempo para consolidar los cambios contemplados en el nuevo marco legal. Según el funcionario, será hasta entonces cuando las modificaciones puedan reflejarse de manera más directa en las tarifas que pagan los usuarios.
Uno de los principales componentes de la reforma será el fortalecimiento de los procesos de licitación competitiva para la compra de energía, con el objetivo de reducir las adquisiciones directas y promover condiciones más transparentes y tarifas consideradas más justas.
El titular de la CREE también destacó que la recuperación y mejora del sistema eléctrico dependerá de las inversiones que se realicen en transmisión y distribución, tanto desde el sector público como desde el privado.
En cuanto a las medidas de apoyo a los usuarios, Corrales aseguró que la condonación de deudas acumuladas y la continuidad de los subsidios estatales fueron contempladas dentro de la planificación financiera de la reforma.
El funcionario sostuvo que estos mecanismos no deberían generar un impacto contable negativo ni poner en riesgo las finanzas operativas de la ENEE.
Las autoridades reguladoras indicaron además que el avance de la transformación será evaluado mensualmente, mientras se busca consolidar un sistema eléctrico más eficiente, transparente y sostenible.
De esta manera, aunque la reforma ya fue aprobada, los consumidores hondureños tendrán que esperar alrededor de año y medio para conocer con mayor claridad si los cambios institucionales y las nuevas reglas de contratación logran traducirse en modificaciones favorables en el precio y la calidad del servicio eléctrico.
