El cobro aplicado en el último recibo generado a cada abonado no podrá aumentar durante ese período. Además, el Congreso Nacional tendrá la facultad de extender el congelamiento por otros seis meses.

Tegucigalpa, Honduras. El Congreso Nacional aprobó, con 78 votos, la nueva Ley de Justicia Energética, una reforma que modifica de manera significativa la estructura de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) y establece nuevas reglas para la compra de energía, los contratos y el pago de deudas. Uno de los principales efectos para los usuarios será el congelamiento de la tarifa eléctrica durante seis meses.

La reforma establece que la Enee será reorganizada en tres empresas subsidiarias encargadas de generación, transmisión y distribución. Estas unidades tendrán autonomía operativa, administrativa y financiera, pero continuarán bajo la propiedad del Estado a través de una Enee Matriz.

Los activos estratégicos, como centrales, presas, embalses, redes y subestaciones, permanecerán bajo la titularidad estatal. También se distribuirán entre las nuevas unidades los contratos, pasivos, cuentas por cobrar y personal correspondiente a cada área.

Otro punto de la legislación es el establecimiento de mayores controles para los contratos de suministro eléctrico. Los acuerdos cuyos efectos económicos, financieros o jurídicos se extiendan al siguiente período constitucional deberán contar con aprobación previa del Congreso Nacional.

La ley también obliga a que las compras de energía se realicen principalmente mediante procesos competitivos y licitaciones públicas. Los funcionarios que incumplan los procedimientos establecidos podrían enfrentar responsabilidades administrativas, civiles y penales.

Durante la discusión de la reforma, Panchamé cuestionó algunos beneficios incluidos en la legislación y señaló que el Partido Liberal estaría otorgando numerosas exoneraciones a los generadores de energía renovable.

En materia de pérdidas eléctricas, la nueva normativa endurece las medidas contra el hurto de energía. Las conexiones clandestinas, reconexiones no autorizadas y manipulación de medidores serán consideradas conductas irregulares. Los usuarios con conexiones ilegales tendrán, por una única vez, un plazo de tres meses para regularizar su situación.

La legislación también contempla beneficios para determinados hogares. Los usuarios residenciales con deudas acumuladas y un consumo promedio mensual de hasta 250 kilovatios-hora podrán solicitar, cumpliendo los requisitos establecidos, la condonación de deudas, intereses, recargos y multas.

Además, se crea el Registro Nacional de Cumplimiento del Servicio Eléctrico, que permitirá identificar a los usuarios solventes, en proceso de regularización o con obligaciones pendientes.

La reforma contempla también la creación del Operador del Sistema y del Mercado (OSM), la incorporación del almacenamiento de energía al mercado y la implementación de medición inteligente, telemedición y monitoreo remoto para reducir las pérdidas de la estatal.

Ante los problemas de generación provocados por la sequía y el déficit hídrico, la Enee deberá implementar un plan para 2026-2027 y podrá recurrir a mecanismos temporales para incorporar generación eléctrica.

Finalmente, la ley ordena a la Enee presentar al Congreso Nacional, en un plazo de 120 días después de su entrada en vigencia, un informe sobre su deuda histórica y, junto con la Secretaría de Finanzas, un plan estratégico para atender sus obligaciones.

La reforma representa uno de los cambios más importantes planteados para la empresa estatal en los últimos años y busca atender sus problemas financieros, reducir las pérdidas y modificar la forma en que se administra y contrata la energía eléctrica en Honduras.