Tegucigalpa, Honduras. — La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) acudió este miércoles 2 de septiembre de 2026 ante el Ministerio Público (MP) para presentar una denuncia y solicitar una investigación sobre presuntas irregularidades relacionadas con la aprobación, administración, liquidación y ejecución de recursos provenientes del denominado Fondo de Administración Solidaria durante el período 2023-2025.
La organización de sociedad civil sostiene que existen elementos que ameritan una investigación por parte de las autoridades competentes, debido a la falta de información sobre la utilización y liquidación de millonarios recursos que fueron asignados a través del Congreso Nacional durante la administración anterior.
De acuerdo con la denuncia presentada por la ASJ, durante los años 2023, 2024 y 2025 fueron asignados 1,837 millones 349 mil 701.14 lempiras mediante la línea presupuestaria 449, recursos que, según la organización, fueron gestionados por diputados de los partidos Liberal y Libertad y Refundación (Libre).
La denominada línea presupuestaria 449, señala la denuncia, fue administrada por la Secretaría de Finanzas y contaba con un carácter discrecional para la asignación de los recursos.
La ASJ considera que el manejo de estos fondos debe ser revisado por el Ministerio Público, particularmente debido a las dudas existentes alrededor de los mecanismos utilizados para su aprobación, ejecución y posterior rendición de cuentas.
Falta de informes de liquidación
Uno de los principales señalamientos formulados por la organización se relaciona con la ausencia de los informes de liquidación que, conforme a la legislación, debían ser presentados por las instituciones involucradas en la ejecución de los recursos.
Según la denuncia, ninguna de las instituciones correspondientes remitió los informes de liquidación exigidos por la ley. Esta situación, advierte la ASJ, impide establecer con claridad cuál fue el destino final de los fondos asignados durante el período 2023-2025.
La falta de estos documentos también representa, según el planteamiento de la organización, un obstáculo para verificar si los recursos fueron utilizados para los objetivos para los cuales fueron aprobados y si los beneficiarios finales fueron efectivamente los contemplados dentro de los programas financiados.
La ASJ sostiene que la ausencia de información documentada sobre la ejecución de estos fondos debe ser esclarecida mediante una investigación oficial que permita determinar si existieron responsabilidades administrativas o penales.
Diputados de Libre gestionaron más de L53 millones
El señalamiento presentado ante el Ministerio Público ocurre después de que trascendiera información sobre la gestión de recursos por parte de diputados del partido Libertad y Refundación (Libre).
Según un informe de la ASJ, 26 diputados de Libre gestionaron más de 53 millones de lempiras en cupones y certificados alimenticios entre 2023 y 2025, como parte de los recursos canalizados mediante el Fondo de Administración Solidaria.
Estos recursos forman parte del esquema mediante el cual se administraron fondos destinados, entre otros propósitos, a programas de asistencia social.
El Fondo de Administración Solidaria fue creado con el objetivo de financiar iniciativas como becas, ayudas sociales y obras de infraestructura menor, por lo que la ASJ considera necesario determinar cómo fueron distribuidos los recursos y si su utilización respondió a los fines establecidos.
El hecho de que existan recursos gestionados mediante este mecanismo, sumado a la falta de informes de liquidación, ha generado cuestionamientos sobre los controles aplicados a la ejecución presupuestaria.
ASJ solicita esclarecer el destino de los recursos
Para la organización, uno de los aspectos fundamentales que debe establecerse es el destino final de los fondos asignados mediante la línea presupuestaria 449.
La ASJ señala que la rendición de cuentas constituye un elemento indispensable para verificar el uso adecuado de los recursos públicos. Sin los informes de liquidación correspondientes, agrega, resulta difícil determinar cuánto dinero fue efectivamente ejecutado, quiénes fueron los beneficiarios, qué actividades fueron financiadas y si los fondos cumplieron con los objetivos establecidos.
La organización plantea que corresponde a las autoridades competentes determinar si las irregularidades señaladas constituyen únicamente incumplimientos administrativos o si, por el contrario, existen elementos que puedan configurar delitos.
Por esa razón, la denuncia fue trasladada al Ministerio Público, institución que deberá valorar los elementos presentados y determinar si procede iniciar las diligencias investigativas correspondientes.
Fondos bajo escrutinio
El caso pone nuevamente bajo escrutinio la administración de los recursos públicos canalizados mediante mecanismos presupuestarios de carácter discrecional y la responsabilidad de las instituciones encargadas de su ejecución.
La ASJ sostiene que la información disponible no permite conocer de manera suficiente el recorrido de los más de 1,837 millones de lempiras asignados durante el período 2023-2025.
A criterio de la organización, la investigación deberá establecer quiénes participaron en la aprobación y administración de los recursos, cuáles fueron los criterios utilizados para su distribución y si las instituciones responsables cumplieron con las obligaciones legales de documentación y liquidación.
Asimismo, deberá determinarse si los recursos gestionados por diputados, incluidos los más de 53 millones de lempiras en cupones y certificados alimenticios atribuidos a 26 legisladores de Libre, fueron utilizados de acuerdo con los fines establecidos para el Fondo de Administración Solidaria.
La denuncia presentada ante el Ministerio Público abre ahora la posibilidad de que las autoridades investiguen el manejo de estos recursos y determinen si hubo actuaciones que puedan generar responsabilidades.
Mientras tanto, la falta de informes de liquidación correspondientes al período 2023-2025 mantiene sin respuesta una de las principales interrogantes planteadas por la ASJ: ¿cuál fue el destino final de los recursos públicos asignados mediante el Fondo de Administración Solidaria?
La organización espera que el Ministerio Público analice la documentación presentada y, de encontrar indicios suficientes, proceda con las investigaciones necesarias para esclarecer el manejo de los fondos y establecer las responsabilidades que correspondan.
