TEGUCIGALPA.- Un viernes por la noche, dos días después de fecha de pago, el gobierno de Juan Orlando Hernández marca otro oscuro momento en la historia de Honduras: el nuevo convenio entre el Estado de Honduras y la Secretaría General de la OEA ha sido rechazado. Es el adiós forzado a la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras.
«El Gobierno de la República lamenta que a pesar de los esfuerzos realizados para que la SG/OEA nos acompañara en la propuesta de construcción de un nuevo sistema integral de transparencia y lucha contra la corrupción e impunidad y fortalecimiento del Estado de Derecho, no alcanzamos los consensos para la firma de un nuevo convenio entre el Estado de Honduras y la Secretaria General de la OEA», se lee en un comunicado oficial del gobierno de Hernández.
Aunque el anuncio no deja de ser impactante por todo lo que implica, no llega a ser sorprendente pues todas las figuras importantes en el circulo cerrado del presidente hondureño ya se habían pronunciado de maneras ambiguas respecto a la renovación del convenio, apelando siempre a la «autonomía» y la «independencia».
En ello, gran parte de la población vuelve a ver abrirse de par en par la caja de pandora de la corrupción, caja que -valga aclarar- nunca fue cerrada del todo. Pero al menos parecía estar contenida, hasta cierto punto, bajo el escrutinio y las investigaciones de la MACCIH.
«La construcción de un nuevo convenio es importante considerar elementos como las denuncias de algunos sectores sociales económicos y políticos en Honduras en las que expresaron sus observaciones y desacuerdos con las actuaciones de algunos funcionarios integrantes de la Misión, que se interpretaron como excesos en sus facultades convencionales, derivando en las denuncias de supuestos afectados, quienes alegan haber sido atropellados en sus derechos y garantías constitucionales, así como la suplantación de las facultades constitucionales y legales e independecia de actuaciones de las instituciones del Estado en lo que tiene que ver con la justicia penal», añadió el gobierno de Hernández.
Y así el olor a corrupción e impunidad vuelve a correr libre por todas las calles del país.
