Más de doce años han pasado desde el famoso «carretillazo«, un evento en el que se sustrajeron 50 millones de lempiras del Banco Central de Honduras (BCH) para financiar el proyecto de la Cuarta Urna; un plebiscito en el que se consultaría a la población hondureña si estaba de acuerdo o no con una Asamblea Nacional Constituyente durante el gobierno de Manuel Zelaya (2006-2009).

En aquella ocasión, el exministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza, junto con el exgerente administrativo del Despacho Presidencial, Rafael Barahona, habrían sustraído 50 millones de lempiras del Banco Central en una carreta. Esto, según imágenes a las que tuvo acceso el noticiero TN5 de Televicentro.

En primer lugar se denunció que el dinero fue retirado sin cumplir con los procedimientos legales promovidos desde Casa de Gobierno y aprobado en Consejo de Ministros, quienes habrían autorizado el retiro de 40 millones de lempiras aprobados por la Secretaría de Seguridad que entonces presidía el coronel Jorge Rodas Gamero.

Posteriormente se habrían retirado otros 10 millones de lempiras a través de la Guardia de Honor de Casa Presidencial, dirigida entonces por el coronel Edgardo Mejía Murillo.

El dinero (47 millones de lempiras) se repartió entre los coordinadores departamentales del gabinete de Gobierno de Manuel Zelaya, kientras que otros tres millones quedaron en Casa Presidencial el día del golpe del Estado del 28 de junio de 2009.

Las autoridades del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) explicaron que en Consejo de Ministros Zelaya aprobó, bajo el decreto ejecutivo 006-2009 de 6 de mayo de 2009, la asignación de 230 millones para la contratación directa de materiales en la Secretaría de Seguridad.

Sin embargo, los fondos retirados se destinaron para la Cuarta Urna, un proyecto en el Ejecutivo en el que invirtió un total todavía desconocido.

¿A dónde fueron a parar los fondos?

Según relató Flores Lanza años más tarde, el dinero se destinó a representantes del gobierno de Zelaya en los 18 departamentos de Honduras para la Cuarta Urna, un proyecto que no pudo llevarse a cabo por el golpe de Estado perpetrado el mismo día en que iba a llevarse a cabo la consulta popular.

  • Atlántida: José Saro Bonano, exministro de secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi), recibió 4 millones de lempiras para compartir con Óscar Flores, representante de otra zona.
  • Choluteca: Rixi Moncada, exgerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), recibió 2 millones de lempiras.
  • Colón: Miriam Mejía, exdirectora del consejo de Ciencia y Tecnología, también recibió 2 millones de lempiras.
  • Comayagua: Héctor Hernández, exministro de la secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), recibió 2 millones de lempiraspara compartir con Ada Serrano, la exdirectora del Patronato Nacional de la Infancia (Pani).
  • Copán: César Salgado, exdirector del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), recibió 2 millones de lempiras.
  • Cortés: El exministro de Salud, Carlos Aguilar, recibió 6 millones de lempiras, para compartir con Tomás Vaquero, (exministro de la secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, Serna); Roberto Babún (exdirector de la Empresa Nacional Portuaria, ENP); Rodolfo Padilla Sunceri (exalcalde de San Pedro Sula, Cortés) y Rolando Valenzuela (Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible, Pronaders).
  • El Paraíso; el ministro de Educación, Marlon Brevé, recibió 2 millones de lempiras.
  • Francisco Morazán: Marco Rosa (del Poder Ciudadano) recibió 6 millones de lempiras para compartir con Freddy Cerrato (ministro de Energía); Lorenzo Sauceda (exdirector del Instituto de la Propiedad, IP); Rafael Barahona (exdirector de la Comisión Nacional de Bancas y Seguros, CNBS); y José Antonio Borjas (ministro de Finanzas).
  • Gracias a Dios: el exdirector del Instituto Nacional Agrario (INA), Francisco Fúnez, recibió 2 millones de lempiras.
  • Intibucá: Mayra Mejía, exministra del Trabajo, recibió 2 millones de lempiras, para compartir con Gustavo Cáceres Flores, ministro de la Juventud.
  • Islas de la Bahía; el ministro de Turismo, Ricardo Martínez, recibió 2 millones de lempiras.
  • La Paz: el periodista Raúl Valladares, exdirector de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) recibió 2 millones de lempiras.
  • Lempira: Marco Burgos, exdirector de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), recibió 2 millones de lempiras para compartir con Julio Quintanilla, exdirector del Banco Hondureño para la Produccion y la Vivienda (Banhprovi).
  • Ocotepeque; el exviceministro del INA, Marco Cartagena, recibió 2 millones de lempiras, para ser compartido con Fernando García (padre), director de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP).
  • Olancho: el exdirector del Instituto Nacional De Formacion Profesional (Infop), Daniel Zambrano recibió 3 millones de lempiras que fueron compartidos con el jefe de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), Armando Sarmiento.
  • Santa Bárbara: Karen Zelaya, exministra de la secretaría Técnica y de Cooperación Internacional (Setco) recibió 2 millones de lempiras para compartir con Doris García, del Instituto de la Mujer.
  • Valle: Jorge Méndez, director del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Sanaa), recibió 2 millones de lempiras.
  • Yoro: exgerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) Jorge Rosa recibió 2 millones de lempiras.

Amnistía política absolvería a todos los implicados

El miércoles 2 de febrero de 2022, el Congreso Nacional de Honduras presidido por el diputado Luis Redondo, del Partido Salvador de Honduras (PSH), aprobó una amnistía política para funcionarios afectados por el golpe de Estado del 2009.

Las personas que ejercieron como funcionarios durante la administración de Zelaya (del 27 de enero de 2006 al 28 de junio de 2009) y que fueron víctimas del golpe de Estado serían exculpados de cualquier requerimiento, acusación o proceso criminal, según el decreto.

Sin embargo, sectores de socidad civil han señalado que el decreto no solo incluye delitos de caracter político, sino también delitos penales que no deberían ser absueltos.

El decreto incluye delitos como abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, malversación de caudales públicos y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

También se señaló fraude en perjuicio de la administración pública, enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos públicos y privados y criminalidad organizada, etc.

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) realizaron un análisis sobre los delitos no políticos que serán perdonados a quienes fueron enjuiciados durante el golpe de Estado.

De acuerdo con el informe de ambas instancias, 29 delitos que no están relacionados al ámbito político no pueden aplicar a la amnistía.