La lista no incluye a los últimos 37 líderes opositores y profesionales capturados durante la ola de arrestos ocurrida en el marco de las elecciones del 7 de noviembre, en las que Daniel Ortega busco su tercera reelección.
El número de personas capturadas en el marco de la crisis política que vive Nicaragua, a quienes la oposición califica como «presos políticos», ascendió a 155 este septiembre, informó el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, un observatorio cuyos datos son avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
De los «presos políticos», muchos fueron capturados a raíz del estallido social de abril de 2018, mientras que 10 ya guardaban prisión desde antes, indicó el Mecanismo. Entre los privados de libertad hay 10 mujeres.
Ocho opositores al gobierno del presidente Daniel Ortega fueron arrestados entre el 12 de agosto y el 23 de septiembre de este año, dos de los cuales recuperaron su libertad, mientras que seis continúan encarcelados, según el informe.
Entre los 155 detenidos hay 37 opositores capturados desde mayo pasado, incluyendo siete aspirantes a la Presidencia, exfuncionarios, empresarios y exguerrilleros sandinistas, entre otros.
La fuente destacó que la cifra de reos podría ser mayor, ya que el listado solamente incluye a personas cuyos familiares autorizaron la publicación de sus casos”, indicó la fuente.
Actualmente 12 «presos políticos» permanecen en celdas de máxima seguridad, seis en calabozos de castigo, y seis en aislamiento, detalló el informe.
El Mecanismo señaló que el incremento de «presos políticos» refleja que «continúa el patrón de detención y criminalización en contra de liderazgos políticos y de sociedad civil. Así como también en contra de personas excarceladas políticas, muchas de las cuales se han visto forzadas a salir al exilio”.
El informe también recogió denuncias de organismos defensores de los derechos humanos sobre supuesto maltrato y torturas en prisión, incluyendo la negativa a derechos como «permisos especiales en circunstancias de duelo, atención psicológica, atención ante síntomas de COVID-19, libertad de culto y de alimentación adecuada».
El Mecanismo está conformado por organizaciones defensoras de los derechos humanos, familiares de «presos políticos» y «excarcelados políticos», abogados defensores, y redes territoriales de información.
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