TEGUCIGALPA, HONDURAS.-
El Ministerio Público (MP) denunció este viernes que en en las últimas horas conoció un fallo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que confirma los sobreseimientos definitivos otorgados a la mayoría de acusados por el caso de corrupción denominado “Pandora”.
A través de un comunicado, el MP expuso que con el fallo se desestimaron cinco acciones constitucionales de amparo, que habían sido interpuestas por el ente acusador y que además, dicha resolución “blinda uno de los actos de corrupción más reprochables en la historia del país”.
Además, menciona que el Poder Judicial le dio valor a “planteamientos de las defensas de
los encausados que solicitaron ante la juez un pronunciamiento sobre la responsabilidad de
sus defendidos, suplantando el proceso regular por uno arbitrario y falaz el cual adulteró el
procedimiento aplicable al juicio oral, garantizando así la impunidad de la corrupción”.
Los sobreseídos son: Jean Francois Marie de Peyrecave Fiallos, José Celín Discua Elvir,
Rodolfo Irías Navas, Elvin Ernesto Santos Ordóñez, Miguel Edgardo Martínez Pineda,
Elden Vásquez, Arnaldo Urbina Soto, Carlos Alberto Pineda Fasquelle, Wilson Rolando
Pineda Díaz, Ramón Antonio Lara Bueso, Redín Lenín Chávez Galindo, Armando José
Rivera Marroquín, Hernán Seaman Elvir, Arnold Gustavo Castro Hernández, Franklin
Erick Toruño Colindres, Jossué Francisco Velásquez Sánchez, José Luis Flamenco Mejía,
Ernesto Galeas Martínez, Eduardo Enrique Lanza Raudales, Lenín Rigoberto Ramos
Velásquez, José Adolfo Sierra Morales, Félix Francisco Pacheco Reyes, Elvin Santos Lozano,
Denis Enrique Pacheco, Sixto Pineda Hernández, Velkys Rosibel Hernández, Claudia
Yamila Noriega Gonzáles, Luis Fernando Urrutia Ramírez, Jorge Alberto Izaguirre Zamora,
Jaime Antonio Suárez, Alba Luz Ramírez Hernández y Dalia Esmeralda Palma Sánchez.
El caso ‘Pandora’, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción
(Uferco), involucró a altos exfuncionarios, socios, familiares y personas naturales en los
delitos de abuso de autoridad, fraude, malversación de fondos, lavado de activos, falsificación y uso de documentos públicos, por un monto superior a 282 millones de
lempiras.
Durante las investigaciones, se encontró indicios suficientes que fondos públicos destinados
a proyectos agropecuarios, agroindustriales y hortícolas a favor de madres jóvenes, para
fortalecer políticas agroalimentarias en Olancho, Intibucá y Colón, mejoramiento en la
capacidad para la siembra de granos básicos en las comunidades de Yorito, Victoria y
Sulaco y escuelas de campo para agricultores de Francisco Morazán, La Paz, Choluteca, el
Paraíso, Ocotepeque, Valle, Intibucá, Gracias a Dios y Comayagua, habrían sido destinados
a financiar campañas políticas en el año 2013 y otros gastos personales de los implicados
por un monto exacto de 282,016,175.00 millones de lempiras.
Estos recursos provenían de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y de la Secretaría de Finanzas.
Para tal fin fueron utilizadas las Fundaciones: Todos Somos Honduras y Dibattista, a las
cuales se les otorgó los fondos para supuestamente desarrollar dichos proyectos, pero que
finalmente habrían sido depositados en cuentas de particulares y de candidatos a
diputados, alcaldes y regidores del Partido Nacional (PN), Partido Frente Amplio (FAPER)
y Partido Liberal (PL).
Entre los principales hallazgos descubiertos por los equipos de la Unidad Fiscal Especial
Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC, ahora Uferco), la Misión de Apoyo Contra
la Corrupción y la Impunidad (Maccih) y la Fiscalía Especial para la Transparencia y
Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), figuran que parte de los fondos se habrían
utilizado para financiar la denominada “tarjeta cachureca”, se entregaron recursos a
coordinadores de campaña del Partido Nacional para el día de las elecciones del 24 de
noviembre de 2013, se compraron dos oficinas en el Edificio Metrópolis y se pagaron
préstamos del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) por un valor
de 99,030,000.00 de lempiras.
Sin embargo, según el Ministerio Público, pese a toda la carga probatoria con la que sustentó los hechos antes mencionados, la Sala Constitucional ha librado de toda responsabilidad penal a la mayoría de imputados y a los únicos cuatro procesados se les desestima el delito de lavado de activos, vulnerando tanto el debido proceso contenido en el artículo 90 de la Constitución, como el principio establecido por el artículo 92 del mismo cuerpo fundamental y además, el artículo 60 párrafo segundo, al haber creado un procedimiento que solo beneficia a dos grupos diferentes de implicados en casos de corrupción y lavado de activos.
Finalmente, el Ministerio Público advierte que dicho fallo está sentando un precedente
jurisprudencial “funesto”, que ocasionará que los efectos de esta decisión trastornen la
práctica del sistema de lucha anticorrupción a nivel nacional.
