El Capítulo Noroccidental del Colegio Hondureño de Economistas (CEH), con sede en San Pedro Sula, ante la crisis fiscal anunciada por las nuevas autoridades, advirtieron de la necesidad de enfrentar las causas que causaron tal situación.
A través de un comunicado, el CEH propone “el inicio de un amplio proceso de discusión propositiva que culmine en un gran acuerdo fiscal, exigencia que ha estado sobre la mesa de este capítulo de economistas desde hace varios años”.
Asimismo, advierte que “dicho proceso de diálogo constructivo deberá ser convocado por el gobierno, con representantes escogidos por cada sector y deberá dar lugar a escuchar e integrar las contribuciones de los sectores legítimos del país, entendidos de la problemática fiscal y relacionados con la ejecución de fondos públicos”.
El diálogo, según el organismo gremial, deberá culminar con un compromiso por parte de todos los integrantes del diálogo sobre principios básicos en la formulación, ejecución y monitoreo del presupuesto.
REDUCCIÓN SALARIAL
Además, se apunta que “el gran acuerdo fiscal deberá ser amplio en la temática abordada y deberá enfocarse en temas como los siguientes: reducción de sueldos y salarios, así como beneficios a los altos funcionarios públicos de los tres poderes del Estado”.
El ente recomienda a su vez “la revisión de la proliferación de instituciones públicas y su reducción; límites al endeudamiento público interno como externo; control sustancial en el gasto corriente de los procesos de compras de bienes y servicios, así como de las licitaciones para proyectos de inversión”.
A esas medidas debe sumarse la “reducción de los fideicomisos bancarios, así como la revisión de los términos bajo los cuales se rigen las alianzas público-privadas”.
“Por el lado de los ingresos, debe incluirse la discusión sobre la eliminación de las exoneraciones fiscales que no aportan a la
creación de empleo y bienestar público, así como la revisión profunda de la estructura tributaria del país”, señala el documento.
Agrega que se debe formular “una política energética que conduzca a eliminar el impacto de los precios internacionales de los combustibles y que genere condiciones para la competitividad empresarial y bienestar en eel consumidor”.
“Ello implica salvar a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica de los contratos de compra de energía y de contratación de servicios de proveedores con evidentes precios injustificados y lesivos a su salud financiera”, detalla el CEH.
