El Congreso Nacional retomará esta semana la aprobación de la Ley del Consejo de Defensa y Seguridad, una iniciativa remitida por la Presidenta Xiomara Castro que deroga la normativa vigente y que ha sido rechazada por la oposición porque crea un secretario con superpoderes y una alta burocracia.
El nuevo instrumento jurídico pasó el primer debate la semana pasada, pero fue suspendido cuando las bancadas opositoras, Nacional y Liberal, y el Partido Salvador de Honduras (PSH), que gobierna en alianza con Libre, se opusieron a dispensarle dos debates y discutirlo en uno solo, como pedía el lado oficialista.
Los congresistas de la oposición están pidiendo mayor discusión al proyecto ya que no están de acuerdo con varios artículos, dijo el diputado nacionalista Antonio Rivera. En su caso, pidió explicaciones sobre el inciso 3 del artículo 3, que define la Defensa y Seguridad como “el respeto a las autoridades legalmente constituidas”, porque a su juicio amenaza el derecho a disentir con el gobierno de turno. La bancada de la principal oposición también denunció que la nueva normativa suprimía los requesitos para nombrar el director de la Policía Nacional, permitiéndole a cualquier ciudadano civil optar al cargo. Rivera aclaró que esta parte ya fue corregida pues se trataba de un error de transcripción como lo aclaró el expresidente Manuel Zelaya Rosales, uno de los benefactores de la ley, en su condición de asesor de la Presidenta Castro, su esposa.
Por su lado, el liberal Yuri Sabas cuestionó la celeridad del oficialismo por pasar la ley sin entregarle una copia con la debida anticipación. “En una revisada que le di rápidamente, hay muchas cosas raras ahí”, agregó. Sabas dijo que este consejo reviste de importancia para el país y se debe alejar cualquier intención del gobierno de turno de concentrar el poder en el presidente de la República o una persona en particular, como lo hizo en su momento con la normativa vigente, el expresidente Juan Orlando Hernández.
Al respecto, el jefe de la bancada del PSH, Tomás Ramírez, aseguró que van a continuar con el debate siempre y cuando se corrijan todas “estas inquietudes que pueden crear más abusos de poder en el futuro”. Incluso, el presidente de este partido, el designado presidencial, Salvador Nasralla, se mostró anuente de derogar este consejo porque a su juicio solo “crea burocracia y no sirve para nada”.
El Consejo de Defensa y Seguridad es creado por el artículo 287 de la Constitución y está regulado por una ley especial aprobada en 2011 precisamente cuando Hernández era presidente del Congreso. De acuerdo a sus 12 artículos, está integrado por el presidente de la República, quien lo preside, el del Congreso y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), además de los ministros de Defensa, el de Seguridad y el fiscal general.
Zelaya dijo que esta estructura fue parte de la “dictadura” que mantuvo Hernández para concentrar el poder y por eso han sacado al fiscal general, al Congreso Nacional y a la CSJ en el nuevo proyecto, agregando al ministro de Gobernación, el Procurador General de la República y al canciller de la República. También se quejó que existen 10 instituciones del gobierno paralizadas en tanto no se deroge esta normativa.
En el nuevo proyecto, el consejo será presidido por la Presidenta Castro pero manejado por un secretario ejecutivo, nombrado por ella, con independencia presupuestaria y una estructura de personal para sus funciones. Al igual que la vigente, también permite clasificar información que ponga en riesgo la defensa y la seguridad del país.
El diputado de Libre, Eliud Girón, dijo que la comisión de dictamen está afinando el proyecto para el segundo debate con las observaciones de las bancadas opositoras. Espera que la iniciativa, que consta de 24 artículos, sea aprobada en esta semana.
