TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A las puertas de la elección de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), organizaciones de la sociedad civil cuestionan las pretensiones desde el Congreso Nacional (CN) de revivir el cuestionado Fondo Departamental.

Bajo el eufemismo del Fondo de Ayuda Comunitaria, el oficialismo desde el Legislativo discutió como tema principal la reactivación del mismo durante una reunión de la bancada de Libertad y Refundación (Libre), durante la semana pasada en Comayagua.

La situación ha generado la repulsión de diversos institutos políticos y organizaciones de la sociedad civil por considerarla como una piñata legislativa, donde los parlamentarios han destinado sus fondos para pagos personales.

“Abrir el debate de la reactivación del Fondo Departamental a dos meses de la elección de la Corte Suprema de Justicia obviamente genera suspicacia. Le pueden poner el nombre que quieran, le pueden poner las medidas de control desde el Congreso y siempre va a destinarse para el fracaso”, expresó el director de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Léster Ramírez.

Asimismo, agregó que “históricamente, los Fondos Departamentales que han existido, además de la corrupción que han producido, también han servido para disciplinar a las facciones que están en lo interno de los partidos políticos, premiar a los que son considerados leales y castigar a los que no cooperan”.

Fuentes a lo interno de Libre aseguraron que ya fue negociada la entrega de un millón de lempiras para cada diputado oficialista por concepto del Fondo Departamental o de ayuda.

Cabe destacar que el Fondo Departamental, que este gobierno nuevamente quiere aprobar con otro nombre, solo ha servido a lo largo de su historia para comprar voluntades, disciplinar, castigar y chantajear a los diputados, según criterio de diversos sectores.

Esta forma de entrega de dinero a los diputados, una iniciativa que se aprobó en el Poder Legislativo en el gobierno de Manuel Zelaya Rosales (2006-2009), nunca ha gozado de buena reputación. Como se comprobó que el Fondo Departamental se volvió una fuente de corrupción en el Poder Legislativo, la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (Maccih) no solo pidió su eliminación, sino que llevó ante la justicia a varios diputados que utilizaron esos recursos para asuntos personales.