La reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de declarar inconstitucional la Ley de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) con efecto retroactivo podría desencadenar consecuencias graves para la estabilidad económica, diplomática y financiera del país, según advierten los representantes de la ZEDE Próspera.
Este fallo, que ha generado una reacción inmediata entre los inversores y socios internacionales, podría afectar negativamente las relaciones entre Honduras y Estados Unidos, así como con otros países que mantienen lazos económicos y comerciales con la nación centroamericana. De acuerdo con los empresarios de Próspera, la sentencia podría derivar en sanciones que incluirían la cancelación de visas, la suspensión de ayudas financieras y hasta la interrupción del envío de remesas, lo que impactaría gravemente a miles de familias hondureñas que dependen de estos ingresos.
Varios congresistas estadounidenses, tanto demócratas como republicanos, ya han manifestado su preocupación por la posible expropiación de inversiones en las ZEDE. En un contexto de creciente incertidumbre, la estabilidad del sistema financiero hondureño podría verse comprometida, ya que diversos bancos locales mantienen préstamos activos asociados a los proyectos desarrollados en las ZEDE. En caso de que el fallo de la Corte se aplique retroactivamente, el país podría enfrentar un aumento en su perfil de riesgo, lo que elevaría los costos de financiamiento y reduciría las oportunidades de crecimiento económico a largo plazo.
Además, los juristas hondureños han expresado su descontento ante la posibilidad de una aplicación retroactiva del fallo, ya que consideran que esto va en contra del principio de seguridad jurídica consagrado en la legislación nacional. La medida podría resultar en la eliminación de empleos y el retiro de inversiones que hasta la fecha han generado un impacto positivo en la economía.
Según datos presentados por los representantes de Próspera, más de 8,000 empleos bien remunerados han sido creados en Honduras gracias a las ZEDE, y el país ha recibido más de 300 millones de dólares en inversiones directas. Un fallo retroactivo no solo pondría en riesgo estos avances, sino que también podría generar una persecución política contra los partidos de oposición que en su momento votaron a favor de la Ley ZEDE.
«Un fallo de esta magnitud crearía un ambiente de incertidumbre e inseguridad para los inversores y los trabajadores, y abriría la puerta a posibles represalias políticas», señalan los empresarios de Próspera. «La anulación de las inversiones en las ZEDE sin duda provocaría reclamos por expropiación y debilitaría la posición de Honduras en los arbitrajes internacionales».
Asimismo, enfatizan que cualquier fallo que se aparte de los precedentes legales que se han mantenido durante décadas en Honduras carecería de legitimidad. Más de 100 inversionistas estadounidenses tienen capital comprometido en los proyectos de las ZEDE, y ciudadanos de más de 20 países están involucrados en negocios dentro de Próspera y otras Zonas de Empleo y Desarrollo Económico. La comunidad internacional observaría con preocupación un retroceso de esta envergadura.
En conclusión, los representantes de Próspera subrayan que una decisión de tal magnitud pondría en peligro las oportunidades de desarrollo que Honduras necesita para prosperar y alcanzar mayores niveles de bienestar. Ante este escenario, hacen un llamado a las autoridades y a la Corte Suprema de Justicia a considerar soluciones que aseguren la estabilidad jurídica y económica, así como la continuidad de las inversiones y la creación de empleos que han beneficiado a miles de hondureños.
