La reforma fiscal propuesta por el Gobierno de Honduras, conocida como Ley de Justicia Tributaria, ha generado un intenso debate entre diversos sectores económicos y sociales.
Esta normativa busca eliminar exoneraciones fiscales y otros beneficios tributarios que, según sus defensores, han favorecido desproporcionadamente a grandes empresas en detrimento del Estado y la mayoría de la población.
La propuesta tiene como objetivo central recaudar más impuestos y redistribuirlos de manera progresiva. Sin embargo, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y líderes de sectores como el agroindustrial y la construcción han advertido sobre el impacto negativo que podría tener en el empleo y la inversión extranjera. Según estos grupos, la eliminación de incentivos aumentará los costos de producción y reducirá la competitividad del país frente a sus vecinos en la región
Además, economistas y el Banco Central de Honduras han señalado que estas reformas, si no se implementan cuidadosamente, podrían deteriorar el clima de negocios y desacelerar el crecimiento económico.
El debate sobre la reforma tributaria pone de manifiesto los desafíos de equilibrar la justicia social con la estabilidad económica en un país donde millones de personas viven en pobreza extrema. La decisión final del Congreso será clave para determinar el rumbo de la economía hondureña en los próximos años.
