10 de diciembre de 2024 – 4:25 AM
La venta y distribución de la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia (PAE) en diversos puntos del país, incluyendo pulperías, mercaditos y centros de salud pública, ha desatado una contundente reacción por parte del Comité Pro-Vida de Honduras. Esta organización ha expresado su rechazo y preocupación, calificando la medida como un atentado contra la vida y una muestra de irresponsabilidad gubernamental.
Un medicamento polémico
El Comité sostiene que la PAE, compuesta de levonorgestrel, es un abortivo farmacológico que altera el revestimiento del útero, impidiendo la implantación del óvulo fecundado. Según sus declaraciones, esto equivale a la interrupción de una vida humana, lo que contradice la Constitución de Honduras que protege la vida desde la concepción.
Además, denuncian que la distribución de este medicamento se realiza en un contexto de escasez de medicinas básicas y carencias graves en el sistema de salud pública. “Es inconcebible que el gobierno destine recursos para este fármaco cuando hospitales carecen de insumos esenciales para salvar vidas”, afirman.
Acusaciones contra las políticas gubernamentales
El Comité también acusa al gobierno de fomentar la promiscuidad y la prostitución entre los jóvenes al facilitar el acceso a la PAE, así como de proteger indirectamente a violadores y pederastas. Critican que la promoción de esta política vaya en contra de los principios de vida y familia.
En sus declaraciones, recuerdan el papel del exministro de Salud, José Manuel Matheu, quien permitió la distribución masiva del medicamento, y hacen un llamado urgente a la actual ministra de Salud Pública, Carla Paredes, para revertir esta medida y prohibir nuevamente la venta de la PAE.
Llamado a la conciencia médica
El Comité Pro-Vida exhorta al gremio médico y al personal de enfermería a ejercer su derecho a la objeción de conciencia, negándose a participar en la distribución de la PAE. Consideran que esta postura es un acto de resistencia frente a lo que describen como una “política antivida y antimujer”.
A pesar de las reiteradas críticas, el gobierno no se ha pronunciado oficialmente sobre las denuncias. Mientras tanto, la controversia en torno a la PAE continúa avivando un intenso debate social y político en el país.
