Choloma, 24 de abril de 2025 — Lo que inició como una promesa de inversión segura se convirtió en una pesadilla para cientos de hondureños que confiaron sus ahorros a la empresa Koriun Inversiones. La intervención de la firma por parte del Ministerio Público (MP) encendió una crisis social que se desbordó en las calles, obligando a las autoridades a tomar medidas drásticas: ordenar la devolución del dinero a los afectados.
Desde horas tempranas del miércoles, grupos de inversionistas se movilizaron hasta las distintas sedes de la empresa, especialmente en Choloma, para exigir una respuesta inmediata. La tensión escaló rápidamente. Con ramas de árboles bloquearon carreteras, pincharon las llantas de los vehículos oficiales y bloquearon las salidas del personal. En un momento, incluso se reportaron forcejeos con efectivos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), que acompañaban a las autoridades en los operativos.
La presión social obliga a una acción inmediata
El fiscal general, Johel Zelaya, confirmó en rueda de prensa que el Ministerio Público giró la orden para que el dinero depositado por los clientes fuera devuelto de inmediato. «Estamos priorizando a los que menos invirtieron. Estas personas pusieron su fe y sus pocos recursos en una promesa. Es nuestra responsabilidad garantizar que al menos puedan recuperar lo que entregaron con sacrificio», declaró.
El dinero, según confirmaron las autoridades, fue hallado en efectivo dentro de las instalaciones de Koriun Inversiones durante las diligencias de aseguramiento. La empresa operaba con un permiso de operación extendido por el alcalde de Choloma, Gustavo Mejía, lo que ha abierto nuevas líneas de investigación sobre posibles irregularidades en la entrega de permisos municipales.
Investigaciones apuntan a ilegalidad en la operación de la empresa
El director de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), Marcos Zelaya, fue contundente: “Esta empresa operaba al margen de la ley. A pesar de no estar sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), estaba captando fondos del público de manera ilegal, algo que está claramente prohibido por la legislación financiera del país”.
La CNBS, por su parte, inició investigaciones a través de su Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), con base en los artículos 68 y 70 de la Ley del Sistema Financiero, para determinar la magnitud de la actividad ilícita.
Una promesa vacía que puso en riesgo la estabilidad de muchas familias
Para muchas personas, la empresa dirigida por Iván Abad Velásquez Castro representaba la posibilidad de mejorar sus vidas. “Hay gente que vendió sus pertenencias, hipotecó sus casas o se endeudó para invertir en lo que les prometieron como una oportunidad dorada”, lamentó el fiscal Zelaya.
A pesar de no contar con la debida supervisión financiera, Koriun Inversiones logró operar bajo la figura de empresa mercantil, amparada por permisos locales, sin tener ningún tipo de control regulatorio. Esta situación expuso a cientos de ciudadanos a una red de captación de dinero sin garantías.
Colaboración interinstitucional para resarcir daños
En una reunión de emergencia entre las autoridades del MP, la OABI y la CNBS, se estableció una ruta para la devolución ordenada del dinero. El presidente de la CNBS, Marcio Sierra, aseguró que, aunque la empresa no está bajo su supervisión directa, su institución brindará toda la colaboración necesaria para facilitar la entrega de los fondos a los inversionistas.
“Lo importante es que la gente recupere lo que es suyo. Esta empresa no era parte del sistema financiero supervisado, y eso la hace aún más peligrosa. Vamos a apoyar a la Fiscalía para que este proceso se realice con transparencia y eficiencia”, enfatizó Sierra.
Un caso que marca un precedente
El escándalo de Koriun Inversiones se ha convertido en una alerta nacional sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión de empresas que manejan recursos del público, aún cuando no estén registradas como instituciones financieras tradicionales.
Para muchos, la intervención del MP representa un primer paso hacia la justicia. Sin embargo, aún queda por esclarecer cuántas personas serán resarcidas y cuánto dinero se podrá recuperar realmente. El Estado ha prometido no abandonar a las víctimas y continuar el proceso hasta las últimas consecuencias.
“Vamos a mostrarle al pueblo que nuestras instituciones sí funcionan y que no se permitirá que empresas fraudulentas jueguen con la esperanza de la gente”, concluyó el fiscal Johel Zelaya.
