San Pedro Sula, Honduras – 26 de abril de 2025.
El diputado liberal Edgardo «Chele» Castro encendió la polémica este viernes al denunciar públicamente que la empresa Koriun Inversiones operaba en Honduras bajo un esquema fraudulento, estafando a miles de ciudadanos “sin usar armas y en pleno día”, gracias –según él– al respaldo de figuras políticas y judiciales.
Durante una comparecencia ante medios de comunicación, Castro, representante del departamento de Cortés en el Congreso Nacional, fue categórico al señalar que Koriun no solo defraudó la confianza de más de 35,000 hondureños, sino que también contó con un manto de protección desde las altas esferas gubernamentales. «¿Quién es el toro en Honduras que permitió esta estafa? Hay políticos, fiscales y funcionarios que sabían lo que pasaba y lo permitieron», denunció el legislador.
Aseguramiento y crisis de confianza
El pasado 23 de abril, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) anunció que Koriun Inversiones operaba sin ninguna autorización formal. Ese mismo día, las autoridades procedieron al aseguramiento de las oficinas de la empresa en Choloma, en medio de protestas de cientos de personas que exigían respuestas sobre sus inversiones.
La medida provocó una ola de incertidumbre entre los afectados, quienes temen perder no solo su capital, sino también su confianza en cualquier tipo de oportunidad de inversión futura.
«Nos vendieron sueños, ahora nos dejaron en la calle», expresó con resignación una de las víctimas que prefirió mantenerse en el anonimato.
¿Complicidad desde el poder?
Para Edgardo «Chele» Castro, el caso de Koriun no es simplemente el de una empresa deshonesta, sino un síntoma de problemas más profundos en la estructura de poder de Honduras. «Esto no pudo haber ocurrido sin la ayuda o el silencio de autoridades importantes. Hay que investigar hasta llegar al fondo y castigar a todos los responsables», afirmó.
Castro pidió al Ministerio Público y a las instancias de supervisión financiera que no solo enfoquen sus esfuerzos en los líderes visibles de la empresa, sino también en quienes desde cargos públicos pudieron haber facilitado, encubierto o ignorado las irregularidades.
«Hay alcaldes que recomendaron a esta empresa, hay fiscales que no actuaron cuando debieron hacerlo. Todo esto debe salir a la luz», insistió el diputado, en referencia a señalamientos que apuntan incluso a autoridades municipales que públicamente promovieron confianza en Koriun pese a alertas tempranas.
El futuro de las víctimas
Mientras las investigaciones avanzan, la principal preocupación recae en las miles de familias afectadas. La CNBS ha ordenado la devolución de fondos en la medida de lo posible, pero el proceso promete ser largo y lleno de obstáculos.
Castro, por su parte, ha solicitado al Congreso Nacional la creación de una comisión especial que supervise la recuperación de activos de Koriun y la protección de las víctimas. «No vamos a permitir que esto quede impune», concluyó.
El caso Koriun Inversiones podría marcar un antes y un después en la historia de fraudes financieros en Honduras, no solo por su magnitud, sino por la supuesta complicidad de funcionarios públicos. Mientras tanto, miles de hondureños siguen a la espera de justicia y, sobre todo, de recuperar algo de lo que han perdido.
