6 de mayo de 2025 – Tegucigalpa, Honduras
La incertidumbre económica y la desesperación social comienzan a alcanzar niveles críticos en el norte de Honduras, particularmente en Choloma, Cortés, donde miles de afiliados de Koriun Inversiones exigen con vehemencia la pronta liberación de los fondos que permanecen retenidos por las autoridades judiciales. La advertencia es clara: si no hay respuestas inmediatas, las protestas en las calles serán inevitables.
Desde tempranas horas de este martes, decenas de ciudadanos se concentraron en los alrededores de las oficinas de Koriun, donde los ánimos se han tornado tensos. Las pancartas y consignas reflejan una mezcla de frustración, impotencia y urgencia. Para muchos, se trata de sus ahorros de toda una vida, invertidos en una entidad que actualmente es objeto de investigación por presuntas irregularidades financieras.
«Nos han dado largas, y ya no podemos esperar más»
“Le han dado mucha larga a este proceso. Ocupamos nuestro dinero, no sé qué irá a pasar, pero la presión está en ir a las calles”, expresó uno de los afectados, quien prefirió omitir su nombre por temor a represalias. Como él, otros afiliados manifiestan estar dispuestos a tomar acciones más radicales, incluyendo bloqueos de carreteras y manifestaciones en instituciones públicas.
El caso de Koriun Inversiones dio un giro significativo semanas atrás cuando el Ministerio Público (MP), en conjunto con la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), ordenó la incautación de bienes y la congelación de cuentas vinculadas a la financiera, bajo sospechas de que la entidad operaba fuera de los marcos legales establecidos para este tipo de actividades económicas.
Más de 35 mil personas afectadas
La magnitud del problema no es menor: se estima que al menos 35 mil personas han resultado afectadas directamente por la congelación de activos. Para muchos, Koriun representaba una alternativa de inversión ante la poca rentabilidad del sistema bancario tradicional. Sin embargo, la falta de regulación y los vacíos legales que rodeaban las operaciones de la firma, terminaron por colocarla bajo el foco de las autoridades judiciales.
Ante las amenazas de protestas masivas, la Policía Nacional ya ha dispuesto un contingente de al menos 300 efectivos entre militares y agentes preventivos en zonas estratégicas de Cortés, a fin de mantener el orden y evitar interrupciones en el tráfico vehicular y actividades económicas de la región.
CNBS autoriza liberación parcial; decisión final en manos de un juez
En medio de la creciente presión, la CNBS informó que ya se han habilitado ciertas cuentas bancarias de la empresa con el objetivo de reactivar los pagos pendientes hacia algunos afectados. No obstante, la liberación total de los fondos permanece detenida, ya que depende de una resolución judicial que aún no ha sido emitida.
Por su parte, el Ministerio Público reiteró su compromiso de trabajar para que los fondos puedan ser devueltos a sus legítimos propietarios. Para ello, se evalúa la implementación de un mecanismo de devolución administrado por la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI). Sin embargo, dicho proceso aún no tiene una hoja de ruta clara, lo que ha generado más interrogantes que certezas.
Clamor por transparencia y celeridad
Los afectados exigen mayor transparencia y celeridad en el proceso. Denuncian que las instituciones involucradas no han sido claras con los tiempos ni con las condiciones bajo las cuales se llevaría a cabo la restitución de los recursos.
“Nos tienen en espera, como si no tuviéramos necesidades. Hay gente que ha perdido sus casas porque invirtió todo aquí, y ahora no pueden pagar sus préstamos ni comprar comida”, manifestó otra afiliada entre lágrimas.
Organizaciones civiles y defensores de los derechos del consumidor han comenzado a presionar también, señalando que el Estado debe asumir un rol más activo en la protección de los ahorrantes y en garantizar justicia para quienes actuaron de buena fe.
Escenario incierto
Mientras las autoridades aseguran que el proceso sigue su curso legal, los ciudadanos afectados se sienten atrapados en una situación que avanza lentamente y sin garantías claras. La amenaza de movilizaciones masivas, bloqueos y posibles enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden se cierne sobre una zona que ya enfrenta múltiples desafíos sociales y económicos.
Con el paso de los días, el descontento crece, y la presión social se convierte en un factor que podría forzar una resolución más rápida. Lo cierto es que los próximos días serán decisivos para determinar si las demandas ciudadanas son escuchadas o si la crisis de Koriun Inversiones se convierte en un nuevo capítulo de agitación social en Honduras.
