Ante la falta de regulación policial, estos municipios han quedado sin la seguridad necesaria, evidenciando una alarmante ola de muertes violentas y asaltos.
La constante toma de carreteras por los inversionistas de Koriún ha dificultado aún más el control del orden público. En respuesta, la Policía Nacional ha tenido que reforzar su presencia en la zona, movilizando a más de 600 oficiales en ocasiones, con el fin de contener la escalada de violencia.
Expertos en economía advierten que la problemática trasciende lo policial, argumentando que el desplazamiento indefinido de vehículos policiales a este sector representa un gasto adicional para el Estado, afectando no solo el presupuesto de seguridad, sino también otras áreas de atención prioritaria.
La situación sigue siendo crítica, mientras la ciudadanía y diversos sectores hacen un llamado urgente a las autoridades para dar solución a este conflicto que pone en riesgo la paz, la seguridad y la estabilidad del Valle de Sula.
La situación ha agravado la seguridad y el orden público en el Valle de Sula, especialmente en Choloma.
