El 5 de julio, cuando se vence el plazo para que el gobierno estadounidense decida si otorga una nueva extensión del beneficio o lo cancela definitivamente.
Washington, D.C. / Tegucigalpa – 30 de junio de 2025
La angustia se apodera de cerca de 55,000 hondureños que residen en Estados Unidos bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), mientras el reloj avanza implacablemente hacia una fecha crítica.
El futuro de miles de familias está en juego, especialmente tras la reciente decisión de la administración del expresidente Donald Trump, de terminar el TPS para más de 520,000 haitianos, una medida que marcó un giro decisivo en su política migratoria de «cero tolerancia».
Aunque el TPS no otorga un camino directo a la residencia permanente, ha sido durante más de dos décadas el único escudo legal que evita la deportación de miles de hondureños que llegaron al país tras los estragos del huracán Mitch en 1998, y que desde entonces han construido una vida en territorio estadounidense: trabajan, pagan impuestos, han criado hijos ciudadanos americanos y se han integrado plenamente a sus comunidades.
Sin embargo, las señales de la actual administración son alarmantes. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que la protección para los ciudadanos de Haití finalizará el próximo 2 de septiembre e instó a los beneficiarios a “preparar su salida voluntaria”. Esto ha encendido las alarmas entre otras comunidades amparadas al TPS, como la hondureña, que teme ser la siguiente en la lista.
Sin embargo, en mayo pasado, la Corte Suprema de Estados Unidos falló a favor del Ejecutivo, autorizando la eliminación del TPS para los venezolanos. Esta decisión ha sido interpretada por los analistas legales como una luz verde para que se puedan eliminar otras designaciones similares sin mayor obstáculo judicial.
El ambiente de incertidumbre se ha intensificado en las últimas semanas. “Hemos vivido aquí más de 20 años, con permiso legal, trabajando, formando familia, contribuyendo a este país. No somos criminales. Ahora sentimos que todo puede acabarse de un día para otro”, dijo Maribel Hernández, hondureña radicada en Miami que ha vivido bajo el TPS desde 1999.
Diversas organizaciones de defensa de migrantes han iniciado campañas urgentes para presionar al Congreso y al actual gobierno a fin de mantener la protección para los beneficiarios hondureños, alegando que las condiciones en Honduras aún no son seguras para el retorno masivo de decenas de miles de personas. La violencia, el desempleo, la pobreza estructural han deteriorado la calidad de vida en el país centroamericano.No obstante, con un panorama político estadounidense polarizado, y con la posible vuelta de Trump al poder, las esperanzas de una solución permanente para los beneficiarios del TPS parecen cada vez más lejanas. “Estamos viendo el regreso de políticas migratorias duras, y las decisiones recientes lo confirman”, advirtió José Muñoz, abogado de inmigración en Los Ángeles.
La falta de una renovación automática del estatus mantiene a miles de hondureños en una zona gris legal, donde cualquier retraso administrativo puede traducirse en la pérdida del derecho a trabajar o incluso en la deportación. El impacto no solo sería devastador para los migrantes, sino también para sus familias, sus empleadores y sus comunidades.
A pocos días del vencimiento del plazo, el silencio oficial sobre la situación de los hondureños es abrumador. La espera se convierte en desesperación, y el miedo en rutina. “Nos sentimos olvidados por todos”, expresa con voz quebrada Carlos Mejía, hondureño que vive en Nueva York y que teme no volver a ver a sus hijos si es deportado.
Mientras tanto, la cuenta regresiva sigue su curso y el destino de 55 mil hondureños pende de una decisión política que aún no llega.
