Juan Flores califica como “golpe devastador” la cancelación del TPS para hondureños
Washington, 7 de julio de 2025
La comunidad hondureña radicada en Estados Unidos vive horas de angustia tras conocerse la sorpresiva cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), una figura migratoria que desde hace más de dos décadas ha servido de refugio legal para más de 50,000 hondureños. El anuncio del gobierno estadounidense, que decidió no renovar el amparo, ha sido calificado como un «golpe devastador» por Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre, organización que representa y defiende los derechos de los migrantes centroamericanos.
“Nos ha caído como balde de agua fría”, lamentó Flores en declaraciones ofrecidas la mañana de este lunes. Según el activista, la decisión no solo rompe con una tradición de protección humanitaria instaurada desde 1990, sino que también pone en vilo el futuro de miles de familias hondureñas que han construido una vida estable en EE.UU., con hijos nacidos allá, trabajos estables y arraigo comunitario.
Críticas al gobierno hondureño
El presidente de la Fundación 15 de Septiembre también arremetió contra las autoridades de Honduras por, según él, no haber hecho lo suficiente para evitar este desenlace.
“Esperábamos una respuesta más contundente por parte del gobierno hondureño. Sabemos que existen acuerdos bilaterales, como el de tercer país seguro, y es inconcebible que no hayan ejercido presión diplomática para garantizar la permanencia del TPS”, cuestionó.
Flores subrayó que la falta de condiciones mínimas en Honduras —como seguridad, empleo, servicios básicos y acceso a la justicia— debería haber sido un argumento central del gobierno para exigir la renovación del estatus migratorio ante las autoridades estadounidenses.
La defensora de derechos humanos y especialista en migración, Itsmania Platero, fue contundente: “Honduras ha estrechado lazos con países que Estados Unidos considera enemigos: Nicaragua, Venezuela, Cuba, China y Rusia. Esto influye directamente en la disposición de Washington para renovar el TPS”.
El futuro incierto de miles
A pesar de que la cancelación del TPS no implica una deportación inmediata, los beneficiarios tendrán un periodo de 60 días para buscar otras opciones legales, entre ellas la residencia permanente, solicitudes de asilo o cambio de estatus por medio de familiares. No obstante, expertos advierten que la mayoría de los amparados por el TPS no califica para estos mecanismos, y podrían quedar en una situación de vulnerabilidad jurídica.
Organizaciones comunitarias han comenzado a preparar sesiones informativas, clínicas legales gratuitas y campañas de concientización para orientar a los afectados.
Juan Flores insistió en que la lucha apenas comienza: “No es la primera vez que enfrentamos la amenaza de deportación masiva. Esta comunidad está organizada y sabe defenderse. Lo que sí exigimos es que esta vez no nos dejen solos. Ni Estados Unidos ni Honduras pueden lavarse las manos ante una crisis humana de esta magnitud”.
