Diputados pidieron millones para obras que no se han realizado
Investigación revela que millones gestionados a través de diputados de Libre para obras nunca llegaron a comunidades, no hay evidencia física de proyectos
Tegucigalpa, Honduras —
Millones de lempiras fueron solicitados por diputados para proyectos en los departamentos de Cortés y Santa Bárbara, pero en muchas comunidades no hay rastro de las obras prometidas. La opacidad domina el manejo de estos recursos públicos, lo que genera serias dudas sobre el destino final del dinero.
Un trabajo de investigación realizado revela cómo al menos 11 diputados solicitaron más de 249 millones de lempiras supuestamente para obras sociales y de infraestructura en sus departamentos, especialmente en zonas rurales. Sin embargo, una visita a campo y entrevistas con los vecinos de diversas comunidades evidencian que muchos de los proyectos no se ejecutaron o simplemente no existen.
Una investigación revela que, aunque Cortés y Santa Bárbara fueron los departamentos con más fondos asignados por el Congreso en los últimos dos años, no hay evidencia visible de múltiples proyectos que figuran como aprobados y pagados. Algunos fueron registrados como terminados, otros como “en ejecución”, pero en campo no hay señal de maquinaria, obras o infraestructura concluida.
Cortés: Promesas en el aire
El caso del departamento de Cortés es particularmente escandaloso. “Asignaciones para Desarrollo Social”. Este programa, ampliamente cuestionado por su falta de control y supervisión, fue utilizado para transferir fondos públicos a ONG’s, patronatos y municipalidades con la promesa de ejecutar obras comunitarias.
Pero en los barrios visitados por los reporteros, como colonia López Arellano en Choloma o la aldea Río Nance, los residentes aseguran que no han recibido ni una piedra. “Aquí no han hecho ninguna calle, ningún proyecto. Solo vienen en campaña y prometen, pero después nadie aparece”, dijo Carmen Romero, una vecina de la zona.
Santa Bárbara: Obras fantasmas
En muchos de los casos, los fondos fueron asignados a patronatos dirigidos por personas afines a los diputados, lo que abre la puerta a una red clientelar y de favores políticos que escapa a cualquier fiscalización efectiva.
El impacto: comunidades olvidadas
Mientras los fondos se desvanecen, las necesidades en las comunidades siguen siendo urgentes. Carreteras intransitables, escuelas sin techo, centros de salud desabastecidos y falta de agua potable son parte de la realidad que enfrentan diariamente miles de ciudadanos en Cortés y Santa Bárbara.
La sociedad civil y organizaciones como el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) han exigido una auditoría forense de estos fondos y la creación de un sistema de seguimiento obligatorio para proyectos gestionados por los congresistas.
