Tegucigalpa, 23 de septiembre de 2025.– El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) presentó este martes un informe de auditoría que revela serias irregularidades en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y pidió al Ministerio Público (MP) iniciar acciones legales para esclarecer el destino de los recursos públicos que fueron desviados de su objetivo original.
Según el documento, los fondos que debían destinarse a programas de asistencia social en comunidades vulnerables habrían sido manipulados para beneficiar a personas vinculadas políticamente a la diputada Isis Cuéllar, del partido Libertad y Refundación (Libre). Entre los hallazgos, se destaca que se verificó una “estrategia sistemática” en la asignación de recursos del fondo de administración solidaria, los cuales terminaron favoreciendo a candidatos y allegados de la parlamentaria.
El informe también señala que, en varios casos, los beneficiarios no recibieron la totalidad de los fondos correspondientes. En su lugar, parte del dinero fue entregado en efectivo a Ilsy Baquedano, práctica que el TSC considera irregular y contraria al uso transparente de los recursos estatales.
Escándalo que sacude a la Sedesol
El caso, conocido como “Caso Sedesol”, estalló en junio de este año tras la filtración de un video en el que se escuchaba a la diputada Isis Cuéllar conversando con el entonces ministro de Desarrollo Social, José Carlos Cardona, sobre la entrega de cheques por 100,000 lempiras cada uno. Según la grabación, dichos fondos serían utilizados para “equipar coordinaciones políticas”, en lugar de aplicarse a proyectos sociales.
La filtración desató una ola de indignación en la ciudadanía, que lo comparó con otros escándalos de corrupción como el del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y el de los hospitales móviles. El repudio social se intensificó cuando se conoció que muchos de los programas prometidos no fueron ejecutados o quedaron inconclusos.
A raíz de la presión pública, José Carlos Cardona presentó su renuncia al cargo. Paralelamente, la Secretaría de Transparencia inició un proceso de verificación física de los proyectos que, supuestamente, habían sido beneficiados con los fondos cuestionados.
Exigencia de justicia
El TSC, en su comunicado, fue enfático al solicitar al Ministerio Público actuar con celeridad. “Es urgente que se determinen las responsabilidades penales y administrativas correspondientes para garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos”, subraya el documento.
La investigación del Tribunal refuerza la percepción de que los fondos públicos en Honduras continúan siendo vulnerables a la manipulación con fines políticos. Organizaciones sociales han advertido que, de no haber castigos ejemplares, se enviará un mensaje de impunidad que podría repetirse en futuros procesos electorales.
Con este informe, el Ministerio Público queda bajo la lupa ciudadana. Su actuación será determinante para demostrar si en Honduras es posible frenar el uso indebido de los fondos estatales destinados a combatir la pobreza y la vulnerabilidad.
