Tegucigalpa, Honduras — Un informe oficial del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), al que tuvo acceso este medio, saca a la luz un entramado de irregularidades en el manejo del Fondo de Administración Solidaria (FAS) que involucra directamente a la diputada por Copán del Partido Libertad y Refundación (Libre), Isis Carolina Cuéllar Erazo, así como a colaboradores cercanos, familiares y exfuncionarios del gobierno. El documento confirma que entre julio de 2023 y febrero de 2025 se habrían destinado más de cinco millones de lempiras de manera indebida, favoreciendo a personas afines al círculo político de la congresista.
El caso ya ha sido remitido al Ministerio Público, y el escándalo político estalla cuando la diputada, suspendida temporalmente dentro de Libre, mantiene su curul activa mientras la Fiscalía analiza las evidencias.
I. Informe del TSC: revelaciones gravísimas
El informe especial No. 001-2025-DDISP-SEDESOL-A, preparado por el TSC, documenta el desvío sistemático de recursos públicos bajo la fachada de “ayudas sociales” y proyectos de infraestructura en Copán.
Monto e instrumentos
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En mayo de 2023, la diputada autorizó 67 cheques por un total de 6.5 millones de lempiras, de los cuales 58 fueron cobrados, equivalentes a más de 5.1 millones de lempiras.
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Dichos cheques estaban destinados a 39 pagos para emprendimientos y 19 para reparación de viviendas.
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Nueve cheques fueron anulados por “renuncia de los solicitantes”, lo que despierta sospechas sobre su legítima emisión.
Beneficiarios “militantes”
Contrario al objetivo del FAS, que busca apoyar comunidades vulnerables, el TSC concluye que los fondos fueron repartidos a personas con vínculos políticas con Cuéllar o su equipo, no a patronatos, asociaciones civiles o municipalidades.
Dentro de los beneficiarios se identifican:
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Ilsy Valeska Baquedano Mejía, asistente de la diputada, su madre y su tía —en conjunto recibieron más de 292 mil lempiras.
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Paola Pérez Moreno (cuñada de la diputada) y personas con lazos sentimentales o familiares que coinciden con nombres de candidatos de Libre u otros movimientos políticos.
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Servidores públicos con ingresos estables fueron incluidos dentro de los “beneficiarios pobres”, lo que contradice la finalidad normativa del fondo.
Mecanismo de operación
El informe describe con detalle un mecanismo operado con empleo de terceros para canalizar el dinero:
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Beneficiarios —muchos de ellos ajenos al contacto directo con la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol)— eran contactados por personas como Baquedano, Pérez o Eduardo Elvir, quienes les solicitaban firmar documentos que legítimamente no conocían.
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Los beneficiarios cobraban los cheques en agencias de Banadesa, a veces con transporte organizado, y luego entregaban el efectivo a Baquedano o Pérez.
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En algunos casos, documentos fueron falsificados y firmas manipuladas, lo cual fue confrontado durante la auditoría con discrepancias técnicas en rubricas e inconsistencias en los registros.
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Se documentaron facturas duplicadas, facturas de empresas que niegan haber vendido los bienes, y proveedores con giros que no coincidían con los bienes informados.
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En las inspecciones físicas, materiales nunca fueron usados; equipos estaban empacados o materiales deteriorados.
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Grupos de WhatsApp fueron empleados para coordinar las respuestas de beneficiarios frente a entidades de control, con instrucciones específicas para “uniformar referencias” y justificar la documentación.
Adicionalmente, un video filtrado —que incluye una conversación entre la diputada y el exsecretario de Sedesol, José Carlos Cardona— revela cómo Cuéllar hablaba de distribuir kits en “coordinaciones del partido” y mencionar que usaría “cheques de 100 mil” que serían cambiados por personas de su confianza.
II. Reacción institucional y estado del caso
En la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol)
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Tras la filtración del audio, José Carlos Cardona renunció a su cargo como secretario.
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Altos cargos de la Sedesol admitieron la falta de verificación in situ, ausencia de estudios socioeconómicos previos, y deficiencias en auditorías internas.
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La gerencia administrativa y el director de monitoreo reconocieron que no hicieron revisiones específicas al FAS ni consideraron el riesgo político de los solicitantes.
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La ministra Mirtha Gutiérrez se manifestó en disposición de colaborar con los entes de investigación.
En el Congreso Nacional y el partido Libre
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La dirección nacional de Libre suspendió temporalmente a Isis Cuéllar de sus cargos internos, aunque no le ha sido retirada la curul ni enfrentado aún una sanción judicial.
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El Congreso justifica que, en tanto la auditoría del TSC permanece en curso, Cuéllar continúa como diputada y por tanto conserva su salario.
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Cuéllar, pese al escándalo, ha seguido anunciando proyectos en su departamento.
En la Fiscalía y el Ministerio Público
El informe ya fue remitido al Ministerio Público, que ha instruido a la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) para analizar e incorporar la evidencia recopilada: documentos contables, actas de auditoría, transcripciones de grabaciones filtradas y testimonios.
III. Implicaciones legales, políticas y sociales
Riesgo penal
Las definiciones del TSC indican que las prácticas identificadas podrían configurar delitos relacionados con la utilización indebida de fondos públicos, falsificación, abuso de funciones y otros ilícitos conexos. Las auditorías del TSC califican las acciones como “inapelables para la apertura de investigaciones judiciales” y un uso arbitrario de recursos.
Transparencia y control institucional
El caso revela fallas estructurales del control estatal:
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La falta de controles internos eficaces en Sedesol, ausencia de revisiones físicas y monitoreo sobre el terreno.
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La delegación discrecional de la selección de beneficiarios a gestores políticos.
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La vulnerabilidad normativa del FAS, si puede ser capturado por intereses particulares.
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La debilidad del papel del Congreso al no ejercer mecanismos correctivos cuando existe evidencia pública de irregularidad.
Relevancia electoral
Este caso adquiere una dimensión política profunda, pues:
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Se produce en el contexto de contiendas internas y externas del partido Libre.
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Muestra cómo recursos sociales pueden ser utilizados con fines electorales o de fortalecimiento de redes clientelares.
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Afecta la confianza ciudadana en mecanismos de ayuda social, en un país donde el acceso a servicios públicos ya enfrenta déficit y desigualdad.
Percepción pública
Una ciudadanía que observa anuncios públicos de obras con inversión oficial exigirá no solo resultados tangibles sino transparencia. Este escándalo alimenta críticas profundas sobre la corrupción estructural y la impunidad en la administración pública.
IV. Dilemas aún abiertos y preguntas clave
A pesar del avance de la investigación, permanecen sin respuesta varias interrogantes de relevancia:
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¿Se imputará formalmente a Isis Cuéllar?
Si la Fiscalía logra reunir las pruebas suficientes, la diputada podría enfrentarse a un proceso penal. -
¿Qué papel jugarán los colaboradores identificados (Baquedano, Pérez, Elvir)?
Sus declaraciones y pruebas pueden ser determinantes para la acusación o defensa. -
¿Se recuperarán recursos públicos mal utilizados?
El TSC y la Fiscalía necesitan definir estrategias para la restitución y resarcimiento. -
¿Se reformará el diseño del FAS para evitar nuevos casos similares?
Este episodio puede motivar cambios en normativa, supervisión, rendición de cuentas y rol del Congreso. -
¿Cuál será la respuesta política del partido Libre y del Congreso al interior del Estado?
Dependiendo del desenlace, podrían presentarse sanciones políticas, expulsiones definitivas o reformas internas de disciplina.
V. Conclusión
El informe del Tribunal Superior de Cuentas deja claro que fue desplegado un sistema de desvío de fondos que envolvió desde beneficiarios hasta funcionarios de alto nivel. La diputada Isis Cuéllar y su equipo habrían instrumentado operaciones para canalizar recursos públicos hacia redes políticas afines, en violación de normativas del FAS y principios de legalidad.
El proceso judicial está en marcha, la presión política crece y los ojos de la ciudadanía están sobre los órganos encargados de impartir justicia. Este escándalo podría marcar un punto de quiebre en la forma como se protegen —o no— los recursos públicos en Honduras.
