Tegucigalpa, Honduras – A menos de tres meses para el cierre fiscal de 2025, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) enfrenta una advertencia seria por parte de su exgerente, José Manuel Arriaga: la estatal podría acumular pérdidas superiores a L 8,000 millones al finalizar el año, una cifra que pone en riesgo su viabilidad financiera.
Arriaga, quien ejerció como gerente de la ENEE, afirmó que hasta la fecha se han registrado pérdidas por cerca de L 4,600 millones, y si la tendencia se mantiene, la cifra podría casi duplicarse.
Causas estructurales e impacto financiero
La situación de la ENEE —una de las pocas empresas estatales clave del país— ha sido calificada como insostenible por expertos y por el propio Arriaga. Entre los detonantes se identifican: pérdidas elevadas en la transmisión, robo de energía, una estructura operativa con metas incumplidas, y una pesada carga de deuda y subsidios.
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Durante el período 2022-2025 la empresa registró pérdidas en torno al 34 % de la energía que produce o distribuye.
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Según datos de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), cada punto porcentual de pérdidas equivale a miles de millones de lempiras en fugas de valor.
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El programa estatal para reducción de pérdidas, el Programa Nacional de Reducción de Pérdidas (PNRP), aunque cuenta con elevados presupuestos, no ha logrado las metas planteadas.
El impacto va más allá de la empresa: pérdidas de esta magnitud implican menores recursos para inversión pública en salud, educación, seguridad, mayor dependencia del Estado para subvencionar la empresa, y riesgo de aumento en tarifas para los usuarios.
Conclusión
La advertencia de José Manuel Arriaga sobre pérdidas que podrían superar los L 8,000 millones este año constituye una señal de alarma para el país. No se trata solo de una empresa con déficit; es una pieza clave del sistema eléctrico nacional cuya crisis impacta directamente la economía, el servicio y la capacidad estatal para invertir en otros sectores.
Si no se adoptan medidas estructurales urgentes, Honduras podría enfrentar no solo una mayor carga financiera, sino también un debilitamiento de su infraestructura energética y más costos para los usuarios.
El reto está planteado. Queda por ver si las autoridades y la empresa responderán con decisión o si las pérdidas continuarán creciendo.
