Tegucigalpa, Honduras | 22 de octubre de 2025
El presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano, instó al Tribunal de Justicia Electoral (TJE) a sesionar de inmediato y emitir una resolución sobre el caso pendiente de las papeletas electorales correspondientes a los departamentos de Valle y Olancho, al advertir que la falta de una decisión oportuna podría poner en riesgo el derecho al voto de miles de ciudadanos hondureños.
Solórzano subrayó que el TJE tiene la obligación constitucional y moral de garantizar la seguridad jurídica del proceso electoral, especialmente ante la inminente impresión de papeletas que deben estar listas para la jornada electoral.
“El TJE debe pronunciarse sin dilación; de lo contrario, la responsabilidad por la falta de votación recaerá en quienes, teniendo la obligación de resolver, no lo hagan a tiempo”, manifestó el titular del gremio de abogados.
El abogado enfatizó que la omisión institucional puede interpretarse como una violación al principio de certeza electoral, uno de los pilares fundamentales de la democracia. “Cada día que pasa sin una decisión genera incertidumbre y pone en entredicho la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de velar por la transparencia del proceso”, apuntó.
El llamado de Solórzano se produce en medio de la tensión generada entre el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), luego de que el CNE anunciara que procederá con la impresión de las papeletas sin esperar una resolución formal del tribunal, argumentando la urgencia de cumplir con el calendario electoral.
Diversos sectores han advertido que el retraso en la impresión podría afectar la logística y distribución del material electoral, especialmente en zonas rurales, donde los tiempos de traslado son más extensos. En ese sentido, Solórzano insistió en que el TJE debe actuar de forma diligente para evitar un vacío legal o administrativo que derive en conflictos posteriores.
“El país no puede darse el lujo de enfrentar una crisis por falta de decisiones oportunas. Los ciudadanos merecen participar en un proceso ordenado y transparente”, recalcó el presidente del CAH.
Finalmente, el jurista reiteró su disposición de que el Colegio de Abogados acompañe los esfuerzos por garantizar un proceso electoral enmarcado en la ley y en el respeto a los derechos políticos de la población. “La justicia electoral debe actuar con independencia, pero también con prontitud; de su actuación depende, en gran medida, la credibilidad de la próxima elección”, concluyó Solórzano.
