Tegucigalpa, Honduras — En medio de una creciente tensión política y jurídica, Ana Paola Hall, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), frenó este martes una nueva pretensión del presidente saliente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y le aclaró que el organismo electoral ya emitió la declaratoria oficial de los comicios generales y, por lo tanto, no puede reabrir procesos de escrutinio o conteo de votos una vez consumada dicha declaratoria.
La declaración pública de Hall responde a un oficio formal enviado por Redondo, pocas horas antes de culminar su gestión como titular del Poder Legislativo, en el que solicitaba que el CNE definiera un cronograma para iniciar y concluir lo estipulado en el Decreto No. 58-2025 —una normativa aprobada y publicada en el Diario Oficial La Gaceta que ordena un conteo general de votos de las elecciones del 30 de noviembre de 2025.
Rechazo del CNE a intervenciones externas
Hall subrayó que el CNE es un órgano constitucional autónomo e independiente, sin subordinación a ningún poder del Estado, y que la competencia administrativa del ente en materia de escrutinio y conteo de votos se agotó con la emisión de la declaratoria oficial, tal como lo establece la Constitución y la Ley Electoral de Honduras. Según la titular del CNE, ningún mandato legislativo posterior puede alterar, reabrir o interferir en actos electorales que ya son firmes.
“La declaratoria oficial de elecciones ya fue emitida en estricto cumplimiento del orden constitucional y legal, acto que agotó la competencia administrativa del Consejo”, afirmó Hall en su respuesta institucional. Añadió que no existe disposición constitucional ni legal que faculté al organismo a reanudar el recuento de actas ni a ejecutar órdenes legislativas que pretendan incidir sobre actos consagrados como definitivos por la ley.
Además, Hall señaló que el citado Decreto No. 58-2025 padece de un vicio constitucional insubsanable, ya que su contenido equivaldría a una reforma de la Ley Electoral sin haber sido aprobado con la mayoría calificada de dos tercios requerida por la Carta Magna, lo que produce, en su opinión, una nulidad absoluta del decreto y obliga al CNE a abstenerse de su ejecución para no vulnerar el orden constitucional.
Redondo y la presión sobre el CNE
Por su parte, Redondo había advertido previamente que si el CNE no cumplía con la declaratoria final dentro del plazo legal —establecido por la Ley Electoral—, el Congreso Nacional procedería a contar las actas ante la omisión del órgano electoral. A finales de diciembre, el presidente del Legislativo convocó a la Comisión Permanente para avanzar con un recuento de más de 19,000 actas, con el argumento de que esta acción garantizaría certezas para los candidatos, la ciudadanía y la comunidad internacional.
Esa medida generó inquietud en distintos sectores públicos y privados, así como dudas sobre la legalidad de una intervención legislativa en un proceso que constitucionalmente corresponde al CNE. Incluso, el ministro de Defensa, Roosevelt Hernández, se pronunció públicamente respaldando el decreto que buscaba que el CNE culminara de contar todas las actas, lo que intensificó el debate sobre la separación de poderes y el respeto por los mecanismos electorales establecidos.
Contexto de un proceso marcado por tensiones
La posición de Hall ha sido constante a lo largo del prolongado proceso electoral que vivió Honduras desde la jornada del 30 de noviembre de 2025. En el ejercicio de sus funciones, la presidenta del CNE ha denunciado intentos de intimidación y acciones de presión que, a su juicio, ponen en riesgo la transparencia del proceso electoral, lo que llevó al organismo a defender su autonomía y la integridad de la declaratoria de resultados.
Además, Hall y otros consejeros han enfrentado desafíos relacionados con la transmisión de resultados preliminares, citaciones a terceros involucrados y cuestionamientos públicos sobre la velocidad y forma en que se han ejecutado distintas fases del escrutinio.
Lo que sigue
Con la declaratoria oficial consumada y la postura firme del CNE de no reabrir los procesos de recuento, cualquier controversia adicional sobre los resultados electorales deberá ser resuelta por las vías jurisdiccionales previstas por la ley. El país, mientras tanto, observa atentamente cómo evolucionan estos diferendos que, más allá de lo técnico, reflejan profundas tensiones políticas en un momento crucial para la democracia hondureña.
