Tegucigalpa, Honduras — El expresidente de la República y actual coordinador general del Partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel “Mel” Zelaya Rosales, se pronunció este martes ante las órdenes de captura emitidas en contra de la diputada Isis Carolina Cuéllar Erazo y el exministro de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona Erazo, señalados en un escándalo de supuesta corrupción relacionado con el uso irregular de fondos públicos destinados a programas sociales.
El Poder Judicial, a través de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ordenó la captura inmediata de Cuéllar y Cardona, tras la presentación de un requerimiento fiscal por parte del Ministerio Público en el marco del denominado caso “Chequesol”, donde se les imputan presuntos delitos de fraude en perjuicio de la administración pública vinculados con la emisión irregular de cheques y el desvío de recursos de la institución.
Según la acusación presentada, las investigaciones señalan que los fondos de Sedesol, destinados originalmente a infraestructura menor, obras sociales y becas, podrían haber sido utilizados con fines distintos a los autorizados por ley. La Fiscalía Especial de Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) sostiene que más de seis millones de lempiras habrían sido manejados de forma irregular por los implicados.
En respuesta a las órdenes de captura, Zelaya expresó, desde sus redes sociales y en declaraciones públicas, su rechazo a las medidas judiciales, calificándolas de “desproporcionadas” e insistiendo en que tanto Cuéllar como Cardona cuentan con arraigo suficiente para enfrentar el proceso penal sin necesidad de una acción coercitiva tan drástica.
El exmandatario también subrayó la importancia de respetar los derechos constitucionales, el debido proceso y la presunción de inocencia, poniendo a disposición la Secretaría Legal de Libre para acompañar a los señalados y garantizar su defensa jurídica dentro del marco de la ley.
Por su parte, José Carlos Cardona publicó un comunicado en el que rechazó las imputaciones en su contra y afirmó que su renuncia al cargo de ministro se produjo precisamente para que las investigaciones se realizaran con transparencia. “No somos cobardes”, declaró, sosteniendo que ha intentado colaborar con las autoridades sin que se le permitiera hacerlo antes de dictarse la orden de captura.
El caso ha generado un amplio debate en el país, especialmente en el contexto político de cara a las elecciones y el escrutinio público sobre el manejo de fondos estatales. Las autoridades competentes continúan con el desarrollo de las diligencias judiciales para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.
