El Mundo de Ahora Noticia internacional Politica internacional

Raúl Castro y Díaz-Canel, denunciados ante La Haya y las Naciones Unidas por «esclavitud»

Cuban Prisoners Defenders y la ONG Unpacu han recopilado documentos y testimonios que respaldan la acusación de crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen cubano desde 2002

Actualizado:

Después de un año de trabajo y recopilación de cientos de documentos y testimonios, la semana pasada fue remitida a la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya una denuncia suscrita por la AsociaciónCuban Prisoners Defenders, que preside Javier Larrondo, y la ONG Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), coordinada por el expreso de conciencia José Daniel Ferrer, un exhaustivo documento denunciando al Gobierno de Cuba –representado en la figura de seis destacados miembros del régimen cubano– por «la comisión de crímenes de lesa humanidad de esclavitud, persecución y otros actos inhumanos», recogidos en el artículo 7 del Estatuto de Roma.

Esas personas son: Raúl Castro, al frente del gobierno cubano entre 2006 y 2018 –y en la actualidad primer secretario del Partido Comunista–; y Miguel Díaz-Canel, presidente desde abril de 2018. A ellos se suma el ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal Miranda, el ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca Díaz, el de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, y la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Margarita González Fernández.

La denuncia, de cuya recepción acusó recibo el CPI este lunes y ha sido presentada este martes a la prensa desde la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington, abarca un periodo comprendido entre el año 2002 hasta la actualidad y se centra en los abusos a que han sido sometidos miles de trabajadores, especialmente médicos, que se han visto forzados, en su mayoría, a participar en las conocidas como Misiones de Internacionalización, muchas de las cuales están amparadas por Convenios internacionales.

La denuncia, que además de ser presentada ante La Haya ha sido remitida también al Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, además de a la Comisión Inter-Americana de los Derechos Humanos y ha sido trasladada a los gobiernos de los Estados parte que colaboran con alguna de estas misiones, se sustentan en multiples documentación y en más de un centenar de testimonios. De los 110 testimonios reunidos, 64 son públicos –muchos pertenecen a médicos que abandonaron el programa Mais Medicos en Brasil, creado por la presidente Dilma Rousseff en 2013–, mientras que los 46 restantes, recogidos entre 10.000 médicos desertores consultados, son privados, para proteger su identidad y evitar que tanto ellos como sus familias sean víctimas de la represión del régimen.

Una de las denuncias por crímenes de lesa humanidad se centra en la persecución que sufren los trabajadores civiles que participan en las misiones. Una persecución que comienza desde el propio reclutamiento, según los denunciantes. Los médicos y profesionales que deciden no enrolarse «sufren un señalamiento público e institucional por el cual pasan a ser considerados “traidores”, de este modo comienza un calvario». Un calvario de represión que incluye que le sean negados los servicios públicos a los que tienen derecho en Cuba, sus hijos sean expulsados de la escuela, además de ser «estrictamente vigilados por las Fuerzas de Seguridad del Estado».

Al reclutamiento forzoso se suman otros abusos como el alejamiento de sus familias, que no pueden visitarlos;no se les ofrece ningún contrato, se les retiran los títulos académicos para que caso de abandonar el programa no puedan trabajar en ningún otro lugar; se les niega el pasaporte corriente, y se les confica al llegar a su destino el pasaporte de «misión». Viven hacinados en estancias comunes y deben pedir permiso para salir. Se les prohíbe mantener relaciones sentimentales y casarse con locales (algunos médicos han podido hacerlo tras demandar a las empresas, intermediarias del Gobierno de cubano, que los ha contratado). En caso de abandonar la misión, serán víctima de la justicia cubana que aplica el artículo 135, que contempla penas de hasta 8 años de cárcel; mientras que si lo que sucede es que el médico no vuelve a Cuba tras concluir la misión, la pena es la «expatriación forzosa» pues se le prohíbe volver al país durante un periodo de ocho años.