Honduras

Médicos Sin Fronteras pide eliminar prohibición de la PAE

Desde que en 2009 la píldora anticonceptiva de emergencia (PAE) se prohibió en Honduras, las consecuencias para las mujeres han sido devastadoras, en especial para las sobrevivientes de violencia sexual que han tenido embarazos no deseados o recurrido a métodos clandestinos que ponen en riesgo su vida.

El país centroamericano todavía no cuenta con un protocolo de atención integral, que incluya la PAE como un alternativa efectiva para prevenir embarazos.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), “estos métodos deberían integrarse sistemáticamente en todos los programas nacionales de planificación familiar. Es más, la anticoncepción de urgencia debería integrarse en los servicios de salud que se prestan a las poblaciones con mayor riesgo de relaciones sexuales sin protección, incluida la atención posterior a una agresión sexual y los servicios dirigidos a mujeres y niñas que viven en entornos de emergencia o de ayuda humanitaria”.

Además de la prevención de embarazos, el protocolo contempla: la profilaxis de infecciones de transmisión sexual, VIH y la atención psicológica y social.

Médicos Sin Fronteras (MSF) atendió en 2018 cerca de 592 casos de violencia sexual en Tegucigalpa, de los cuales 87 por ciento fueron mujeres y 41 por ciento menores de 18 años. Además se detectaron 29 mujeres en estado de embarazo: 27 consideraron que fue producto de una violación y de ellas cinco eran menores de edad.

“La violencia sexual es una emergencia que requiere atención médica, psicológica y social para las sobrevivientes. Sin embargo, sabemos que muchas personas no reciben la atención adecuada debido a diversas barreras de acceso”, mencionó la doctora Tania Marín, coordinadora médica regional de MSF en México y Centroamérica.

Cecilia*, una habitante de Tegucigalpa, acudió a los servicios de MSF en el Centro de Salud Alonso Suazo para recibir la atención médica y de salud mental adecuada. No obstante, cuando llegó ya tenía tres meses de gestación, producto de una violación. Este embarazo no deseado podría haberse evitado si hubiera tenido acceso a la PAE.

Ella cuenta que entró en un estado de depresión. “Me aislé de toda mi familia porque me sentía sucia y no quería hablar con nadie”, aseguró la joven, mientras movía sus manos con nerviosismo.

En este tipo de pacientes, MSF detecta afectaciones psicológicas como trastornos de estrés, ansiedad, depresión y, en algunos casos, intentos de suicidio. Es común que se sientan culpables y piensen que el incidente podría haberse evitado.

La organización también identifica pérdida de control y confianza, en tanto que su salud puede deteriorarse más por la estigmatización.

Adicional a esto, debido a la prohibición de la PAE, muchas de las sobrevivientes de violencia sexual optan por buscar métodos alternativos no seguros, como la compra de fármacos sin el seguimiento médico adecuado.

“Entonces la gente está llegando a sitios clandestinos, donde tiene que hacer la compra del medicamento que no es de buena calidad”, comentó el doctor Rafael Contreras, referente médico de MSF del proyecto en Tegucigalpa.

Cecilia buscó diferentes alternativas para prevenir su embarazo, pero no fue posible. Esta realidad es la de muchas mujeres y adolescentes en Honduras que todavía no cuentan con acceso a medicamentos como la PAE.

Al no contemplar la prevención del embarazo, los casos de maternidad forzada continuarán, lo que perpetua el evento traumático para las mujeres o la pérdida de sus vidas. Es por esto que MSF llama a la Secretaría de Salud de Honduraspara que elimine el decreto que prohíbe la PAE y de paso a la aprobación definitiva del protocolo de atención integral.