Los jueces designados para repetir el juicio oral y público del caso Caja chica de la dama rechazaron en las últimas horas su nombramiento y presentaron un recurso de reposición, en el que exponen las razones por las cuales no conocerán la causa.

La Corte de Apelaciones en Materia de Corrupción nombró a José Anaín Orellana Espinoza y Jocelyn Marie Donaire Fernández de la Sala I del Tribunal de Sentencia, y Walter Antonio Lara Mejía y Wendy Carolina Escobar Cantarero de la Sala II para llevar el caso incoado contra la exprimera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo y su exasistente privado Sául Escobar, condenados por delitos de corrupción.

Entre otros puntos, los jueces alegan que la facultad de designar nuevos jueces no le corresponde a la Corte de Apelaciones en Materia de Corrupción sino a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Según los togados, su designación también atenta contra el principio de juez natural, que es la persona dotada de competencia para juzgar, o sea que ninguna persona puede ser juzgada por distintos jueces.

Además, señalan que la Sala II del Tribunal de Sentencia dejó de conocer casos de corrupción cuando entró en funcionamiento los Tribunales de Sentencia en Materia de Corrupción.

«Nos abstenemos de conocer dicha causa debido a responsabilidades de índole penal que podemos incurrir tanto a nivel nacional como internacional. De todo lo cual se informará a la Supervisión General y de ser posible, si amerita el caso ponerlo a conocimiento a la Fiscalía competente», expresaron los jueces, pidiendo a su vez que la Corte de Apelaciones declare con lugar el recurso de reposición.

Caso Caja chica de «La Dama «

Bonilla de Lobo y Saúl Escobar, imputados en el caso «Caja chica de la dama», recobraron su libertad el pasado 22 de julio, luego que expirara el tiempo de la prisión preventiva a la espera de un nuevo juicio, que la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó repetir .

La esposa del expresidente Porfirio Lobo (2010-2014) fue condenada el 4 de septiembre a 58 años de cárcel, 48 años por 8 delitos de fraude y 10 años por apropiación indebida de fondos públicos.

La fiscalía acusó a Bonilla de depositar en su cuenta personal cerca de 500 mil dólares (más de 12 millones de lempiras) de fondos públicos del despacho de la primera dama, horas antes de que Lobo entregara la presidencia.