La exdiputada del Partido Liberal, Maribel Espinoza, lanzó una fuerte advertencia sobre la situación política e institucional del país al afirmar que, mientras no existan condenas reales contra quienes infringen la Constitución de la República, Honduras se encamina hacia el colapso del Estado de derecho.
A través de un mensaje público, la excongresista señaló que la falta de consecuencias jurídicas frente a violaciones constitucionales ha generado un ambiente de impunidad que debilita las bases democráticas. “Mientras no haya condenas reales contra quienes infraccionan la Constitución, #Honduras va rumbo al colapso del Estado de derecho”, denunció, en una declaración que ha generado debate en distintos sectores políticos y sociales.
Señalamientos sobre impunidad
Espinoza enfatizó que el respeto a la Constitución no puede quedar sujeto a interpretaciones políticas ni a intereses partidarios. A su juicio, la aplicación selectiva de la ley y la ausencia de procesos judiciales firmes contra funcionarios o actores que vulneran el orden constitucional envían un mensaje peligroso a la ciudadanía.
“La Constitución no puede ser letra muerta ni instrumento de conveniencia”, ha reiterado en distintas ocasiones la exparlamentaria, quien durante su gestión legislativa se caracterizó por una postura crítica frente a decisiones que, según ella, transgredían el marco constitucional.
Analistas consultados coinciden en que la advertencia de Espinoza se enmarca en un contexto de creciente polarización política, cuestionamientos al funcionamiento de los órganos de justicia y debates sobre la independencia de poderes en Honduras.
Estado de derecho en entredicho
El concepto de Estado de derecho implica que todas las personas y autoridades, sin excepción, están sometidas a la ley. Cuando este principio se debilita —advierten juristas— se erosiona la confianza ciudadana en las instituciones y se incrementa el riesgo de inestabilidad social.
Para Espinoza, la clave está en que las instituciones encargadas de velar por el cumplimiento de la ley actúen con independencia y firmeza. “No puede haber democracia sólida si quienes violentan la norma suprema no enfrentan consecuencias”, ha sostenido en distintos foros.
En el ámbito jurídico, expertos señalan que la falta de sanciones efectivas frente a infracciones constitucionales puede abrir la puerta a precedentes peligrosos, normalizando prácticas que debilitan la institucionalidad.
Reacciones y debate público
Las declaraciones de Maribel Espinoza han generado reacciones encontradas. Sectores afines a su postura respaldan su llamado a fortalecer la institucionalidad y combatir la impunidad. Otros, en cambio, consideran que sus palabras forman parte del debate político propio de un escenario preelectoral y de tensiones entre fuerzas partidarias.
No obstante, el tema ha reactivado discusiones sobre la necesidad de reformas estructurales en el sistema judicial y en los mecanismos de control constitucional, así como sobre el papel del Ministerio Público y el Poder Judicial en la defensa del orden legal.
Un llamado a la responsabilidad institucional
La exdiputada insistió en que el país aún está a tiempo de corregir el rumbo, siempre que exista voluntad política y compromiso real con la legalidad. Subrayó que la defensa de la Constitución no debe depender de coyunturas ni de simpatías ideológicas.
“La democracia se defiende aplicando la ley, no ignorándola”, ha reiterado Espinoza, quien concluyó su mensaje con un llamado a la ciudadanía a mantenerse vigilante frente a cualquier intento de vulnerar el marco constitucional.
En medio de un panorama político complejo, la advertencia de Maribel Espinoza reabre el debate sobre el futuro del Estado de derecho en Honduras y sobre la urgencia de fortalecer los mecanismos de control y sanción para garantizar que la Constitución sea respetada por todos.
