El Gobierno de Honduras anunció el inicio de una ofensiva diplomática de alto nivel ante las autoridades de Estados Unidos, luego de que un fallo de la Corte Suprema estadounidense abriera la puerta a la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para miles de migrantes, una decisión que ha generado preocupación entre las naciones cuyos ciudadanos dependen de este programa humanitario.
A través de un comunicado oficial, la administración del presidente Nasry Asfura reiteró su compromiso de defender los derechos y la dignidad de los hondureños residentes en territorio estadounidense mediante una estrategia diplomática coordinada con organismos internacionales, sectores de la sociedad civil y representantes de la comunidad migrante.
La reacción del Gobierno hondureño se produjo después de que la Corte Suprema de Estados Unidos, en una decisión dividida de seis votos contra tres, avalara la potestad de la administración del presidente Donald Trump para retirar el TPS a cientos de miles de beneficiarios provenientes de distintos países. El fallo afecta directamente a unos 350,000 ciudadanos haitianos y más de 6,000 sirios, pero también ha encendido las alarmas entre otras comunidades migrantes protegidas por este mecanismo.
Aunque la resolución judicial no menciona específicamente a Honduras, las autoridades hondureñas advirtieron que el precedente podría impactar a cerca de 1.3 millones de inmigrantes procedentes de 17 países que actualmente se encuentran amparados bajo el programa de protección temporal en Estados Unidos.
Como parte de la estrategia anunciada, la Cancillería hondureña solicitó una reunión urgente con autoridades del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense para abordar las posibles consecuencias que tendría una eventual cancelación definitiva del TPS para miles de familias hondureñas establecidas en Estados Unidos desde hace décadas.
El canciller hondureño, Javier Efraín Bú, ha sido uno de los principales encargados de liderar las gestiones diplomáticas relacionadas con la protección migratoria de los hondureños en territorio estadounidense. Su experiencia previa como representante diplomático en Washington lo coloca al frente de las negociaciones orientadas a mantener mecanismos de protección para la diáspora hondureña.
En el pronunciamiento oficial, el Gobierno hondureño enfatizó que, más allá de las cifras, la situación involucra a miles de familias integradas por trabajadores, empresarios, padres de familia y niños nacidos en Estados Unidos, quienes podrían enfrentar graves consecuencias sociales y económicas ante una transición abrupta en las políticas migratorias.
El TPS para Honduras fue otorgado originalmente tras el devastador paso del huracán Mitch en 1998 y ha sido renovado en múltiples ocasiones debido a las condiciones económicas y sociales del país. Sin embargo, durante los últimos años, el programa ha enfrentado diversos desafíos legales y políticos en los tribunales estadounidenses, generando incertidumbre entre decenas de miles de hondureños que han construido su vida en Estados Unidos.
Las autoridades hondureñas reiteraron su respeto por las decisiones institucionales de Estados Unidos, pero insistieron en la necesidad de considerar el componente humanitario, la unidad familiar y la estabilidad de las comunidades migrantes afectadas. Mientras continúan los procesos judiciales y diplomáticos, el futuro del TPS sigue siendo uno de los temas más sensibles en la relación bilateral entre Honduras y Estados Unidos.
