Las autoridades hondureñas se preparan para ejecutar al menos 1,000 órdenes de desalojo en diferentes regiones del país, como parte de la aplicación de la nueva Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, que amplió su cobertura a sectores estratégicos como la ganadería, el turismo, la energía y la agricultura.
De acuerdo con información brindada por el abogado Ramiro Medina, participante en la elaboración del anteproyecto de ley, alrededor de 500 de estas órdenes corresponden a la zona norte del país. El objetivo es recuperar propiedades afectadas por invasiones y garantizar la continuidad de actividades productivas consideradas prioritarias para la economía nacional.
La normativa, vigente desde junio, busca proteger más de 84,000 manzanas de tierra invadidas y salvaguardar aproximadamente 300,000 empleos vinculados a actividades como la producción de palma africana, banano, caña de azúcar, café y arroz.
El director del Instituto Nacional Agrario (INA), Javier Talavera, confirmó que la legislación ya comenzó a aplicarse con un primer desalojo ejecutado en Choluteca, insistiendo en que las acciones deben realizarse bajo el marco legal establecido.
Por su parte, María Antonia Rivera, directora de la Asociación Hondureña de Agroindustriales (ASHDA), destacó que la nueva ley fortalece la seguridad alimentaria y brinda mayor protección a la producción nacional destinada a la canasta básica.
El empresario Martín Chicas consideró que la protección de las tierras productivas es fundamental para preservar el empleo y la inversión, señalando que la problemática de las invasiones ha afectado durante años a numerosos sectores productivos del país.
Según Ramiro Medina, existen propiedades invadidas en 31 municipios distribuidos en ocho departamentos, y quienes reincidan en ocupaciones ilegales de tierras recuperadas podrían enfrentar penas de entre 10 y 15 años de prisión, conforme a lo establecido en la nueva legislación.
