Dos propuestas que coinciden en la necesidad de reorganizar la estatal, pero difieren en aspectos clave como la propiedad de los activos, el manejo de la deuda y los contratos de largo plazo.

La Ley de Justicia Energética, presentada por la bancada del Partido Liberal, y el proyecto de reformas impulsado por el Poder Ejecutivo plantean separar las actividades de generación, transmisión y distribución, con estructuras empresariales diferenciadas y bajo la regulación de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE).

Uno de los principales puntos de diferencia está en los bienes de la estatal. El Ejecutivo propone transferir activos, pasivos, personal y contratos a las nuevas empresas subsidiarias. Los liberales, en cambio, plantean que la ENEE matriz conserve la propiedad de los activos estratégicos y que las subsidiarias se encarguen de administrarlos y operarlos.

La iniciativa liberal también busca que la ENEE matriz mantenga el 100 % de las acciones de las nuevas empresas, estableciendo restricciones para evitar su venta, transferencia o dilución.

Otro punto de peso es la deuda. El proyecto liberal propone que durante 10 años el Estado asuma el pago de las obligaciones financieras históricas de la ENEE, mientras la empresa matriz desarrolla un programa de recuperación enfocado en reducir pérdidas, mejorar sus ingresos y fortalecer su capacidad de inversión.

Además, la propuesta del Partido Liberal contempla una exoneración del Impuesto Sobre la Renta durante una década para la ENEE y las empresas que surjan de la reorganización, así como la condonación de las deudas acumuladas por las municipalidades con la estatal hasta la entrada en vigencia de la nueva ley.

En materia de contratos, los liberales proponen que determinados acuerdos de suministro de energía y potencia que comprometan al Estado durante el siguiente período de gobierno deban contar con autorización previa del Congreso Nacional.

Ambos proyectos mantienen la participación estatal en el sector y no plantean una venta directa de la ENEE a empresas privadas. La diferencia radica principalmente en la estructura patrimonial y los mecanismos de control.

Para los usuarios, la reforma tampoco garantiza por sí sola una reducción en el recibo de energía. El precio dependerá de los costos de generación, transmisión y distribución, los contratos y las decisiones de la CREE. La propuesta liberal sí contempla subsidios para determinados sectores de consumidores.

Tanto el Ejecutivo como el Partido Liberal plantean mantener los derechos laborales y previsionales de los trabajadores durante el proceso de reorganización.

El debate que se avecina en el Congreso Nacional, por tanto, no se centrará únicamente en dividir la ENEE, sino en definir quién conservará sus activos, quién asumirá sus obligaciones y bajo qué controles funcionará el nuevo modelo eléctrico.

La discusión tendrá como telón de fondo una empresa estatal que, según el proyecto del Ejecutivo, ha registrado históricamente pérdidas técnicas y no técnicas de entre 30 % y 35 % de la energía generada, situación que ha limitado sus ingresos y capacidad de inversión.