La designada presidencial concluyó: «Su dolor no es contenido, su inocencia no es espectáculo y su dignidad no está en discusión.
Un nuevo episodio de indignación colectiva ha encendido los debates sobre los límites de la creación de contenido en plataformas digitales y la explotación de personas en situación de vulnerabilidad en Honduras. Los creadores de contenido conocidos en TikTok como Soy Rosel y Urías Lobo se encuentran en el centro de la polémica luego de viralizar un video donde pagan la cantidad de 500 lempiras a un menor de edad en condición de calle a cambio de afeitarle la cabeza por completo.
En el metraje, que alcanzó rápidamente miles de reproducciones y provocó una ola de comentarios de repudio, se observa al menor mostrando una clara incomodidad y molestia mientras le realizan el corte de cabello. Pese a que los involucrados intentaron justificar su accionar asegurando que su intencionalidad era únicamente «ayudar» financieramente al niño, la opinión pública y diversos sectores sociales señalaron el acto como una instrumentalización de la pobreza con fines de monetización y alcance en redes.
La controversia escaló hasta las instancias del Poder Ejecutivo. La designada presidencial y presidenta del Sistema Integral de Garantía de Derechos de la Niñez y Adolescencia en Honduras, María Antonieta Mejía, se pronunció de manera contundente a través de sus canales oficiales para rechazar el material audiovisual y anunciar la intervención inmediata de las autoridades competentes.
Mejía confirmó que se ha solicitado activar la ruta de protección correspondiente para dar con el paradero del menor, evaluar su entorno sociofamiliar y garantizar la restitución de sus derechos fundamentales. Asimismo, enfatizó que la legislación hondureña vigente tutela de forma estricta la integridad y dignidad de la niñez, por lo que no se descartó la deducción de responsabilidades administrativas o penales en contra de los dos tiktokers.
«La vulnerabilidad de un niño jamás puede convertirse en entretenimiento», sentenció la funcionaria. «He visto el video que está circulando en redes sociales y como presidenta del Sistema Integral de Garantía de Derechos de la Niñez y Adolescencia en Honduras he solicitado que se active la ruta correspondiente para identificar y proteger la dignidad de este niño. No basta con encontrarlo, tenemos que saber por qué está en la calle, cuál es su situación familiar y qué necesita, pero sobre todo ver qué debemos hacer como Estado para restituir sus derechos y establecer la responsabilidad que corresponda».
La designada presidencial concluyó su mensaje remarcando la postura gubernamental ante el uso irresponsable de las plataformas digitales: «Su dolor no es contenido, su inocencia no es espectáculo y su dignidad no está en discusión. Este Gobierno no permitirá que la vulnerabilidad de un niño sea utilizada como entretenimiento, exposición o espectáculo. Vamos a proteger su dignidad, su integridad y sus derechos. Con la niñez, no se negocia».
El caso reabre el debate nacional sobre los mecanismos de fiscalización de contenidos digitales y la urgencia de establecer marcos de protección infantil frente a las dinámicas de monetización en redes sociales.
