Tegucigalpa, Honduras.— Las Fuerzas Armadas de Honduras se declararon preparadas para asumir nuevas misiones dentro de la estrategia que las autoridades del país definan para enfrentar a las estructuras criminales, en momentos en que el Gobierno analiza fortalecer las capacidades operativas de los organismos de seguridad y ampliar las herramientas legales contra grupos vinculados al crimen organizado.
El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Héctor Benjamín Valerio Ardón, aseguró este lunes que la institución castrense está en condiciones de respaldar las decisiones que adopte el Consejo de Defensa y Seguridad, poniendo a disposición el personal y los recursos logísticos con los que actualmente cuenta.
Ardón dejó claro que cualquier participación de las Fuerzas Armadas estará sujeta al marco establecido por la Constitución de la República y a las disposiciones que emanen de las autoridades competentes.
“Las Fuerzas Armadas, siempre cumpliendo la normativa de la Constitución de la República, en apoyo a otras instituciones del Estado”, manifestó el jefe militar al referirse al papel que puede desempeñar la institución en las operaciones de seguridad.
La posición de las Fuerzas Armadas ocurre mientras las autoridades hondureñas analizan nuevas medidas para hacer frente a las organizaciones criminales que operan en distintos sectores del territorio nacional. Entre las alternativas bajo estudio se encuentra el fortalecimiento de las unidades especializadas y la asignación de mayores recursos para las operaciones de seguridad.
PMOP, una de las principales unidades de apoyo
Dentro de las capacidades con las que cuentan las Fuerzas Armadas para participar en tareas de seguridad se encuentra la Policía Militar del Orden Público (PMOP), unidad que, de acuerdo con Ardón, puede ser empleada para ejecutar las operaciones que sean determinadas por las autoridades.
El jefe del Estado Mayor Conjunto explicó que el Consejo de Defensa y Seguridad analiza la posibilidad de destinar mayores recursos a la PMOP, tomando en consideración que cada despliegue operativo representa gastos adicionales para las instituciones encargadas de combatir la criminalidad.
Las operaciones contra estructuras delictivas requieren movilización de personal, transporte, equipos, logística y otros recursos que deben ser considerados dentro de la planificación presupuestaria, especialmente cuando se trata de intervenciones que pueden extenderse durante varios días o desarrollarse simultáneamente en diferentes zonas.
Pese a esta situación, Ardón sostuvo que las Fuerzas Armadas cuentan actualmente con las condiciones necesarias para responder a las misiones que les sean asignadas, mientras se determina si será necesario incrementar el presupuesto destinado a estas labores.
El alto mando militar indicó que la institución hará frente a las necesidades inmediatas con los recursos disponibles, a la espera de que las autoridades concluyan el análisis sobre las capacidades adicionales que podrían requerirse.
De esta manera, las Fuerzas Armadas mantienen abierta la posibilidad de ampliar su participación en las acciones de seguridad, siempre bajo las instrucciones de las autoridades y dentro de los límites establecidos por la legislación hondureña.
Analizan crear secciones microterritoriales
Mientras las Fuerzas Armadas se preparan para respaldar las nuevas estrategias de seguridad, otras instituciones también estudian mecanismos para aumentar su presencia y capacidad de respuesta en las zonas consideradas de mayor incidencia criminal.
El director de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), Daniel Molina, informó que se analiza la creación de secciones microterritoriales en determinados sectores del país.
La propuesta busca ampliar las capacidades operativas de las autoridades mediante unidades con una presencia más focalizada en los territorios donde se concentran las actividades de grupos delictivos.
Molina explicó que la iniciativa forma parte de las medidas que se encuentran bajo análisis del Consejo de Ministros, en un contexto marcado por la discusión sobre la posibilidad de declarar como “terroristas” a determinadas organizaciones criminales.
Según el funcionario, el planteamiento impulsado por el ministro Gerzon Velásquez contempla la emisión de un decreto de sección microterritorial que permita otorgar mayores facultades operativas a las autoridades en las zonas donde tienen presencia grupos ilícitos.
La intención es establecer mecanismos que permitan una respuesta más directa y focalizada contra las organizaciones criminales, particularmente en sectores donde actividades como la extorsión y otras modalidades delictivas generan presión sobre la población y los distintos sectores económicos.
