TSC a descubierto de millonario desvío con exhortos apócrifos, el cual permitió drenar más de L32.5 millones (32,545,791.88 lempiras) de los arcas del Estado.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. Una exhaustiva auditoría e investigación especial del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) ha sacado a la luz un sofisticado esquema de falsificación e irregularidades en el sistema de justicia laboral del país, el cual permitió drenar más de L32.5 millones (32,545,791.88 lempiras) de los arcas del Estado.
De acuerdo con los hallazgos consignados en el Informe Especial No. 002-2026-DGSD-CSJ-C del TSC, la red utilizó al menos 13 exhortos fraudulentos atribuibles ficticiamente al Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca. Estos instrumentos procesales, alterados en firmas, sellos y registros, sirvieron de base jurídica para ejecutar millonarios embargos vinculados a supuestas demandas de carácter laboral en contra de la Alcaldía Municipal de Choluteca.
Firmas falsas y expedientes alterados
La investigación profundizó cuando los auditores del ente fiscalizador procedieron a cotejar las actuaciones con el tribunal emisor en Choluteca. La respuesta judicial fue categórica: el Juzgado de Letras de la zona sur desconoció de forma absoluta la autoría de los 13 documentos de exhorto, catalogando como «totalmente falsas» tanto las firmas como las estampillas y las resoluciones allí contenidas.
El cruce de datos con las plataformas del Poder Judicial reveló patrones sistemáticos de suplantación y alteración:
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Inexistencia de registros: Varios números de expedientes citados no contaban con correlativo físico ni registro digital dentro del sistema informático judicial.
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Uso de litigios ajenos: Otros correlativos correspondían a juicios reales pero entablados contra empresas privadas, los cuales fueron manipulados documentalmente para hacer figurar como demandada a la Municipalidad de Choluteca.
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Modificación de cuantías: De los 13 casos analizados, solo uno respondía a un juicio laboral auténtico entablado contra la comuna sureña, aunque en este también se detectaron alteraciones intencionadas en las partes involucradas y los montos monetarios exigidos.
Fallas entre jurisdicciones
Los exhortos apócrifos del tribunal de Choluteca fueron remitidos e introducidos ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, con sede en Tegucigalpa. Fue en la capital donde los juzgadores libraron las órdenes ejecutorias que derivaron en la retención y extracción efectiva de fondos públicos.
El caso ha encendido las alarmas en el seno del Poder Judicial e instituciones de control respecto a la vulnerabilidad en las comunicaciones interdepartamentales, dejando al descubierto la urgenia de implementar mecanismos de verificación digital para validar oficios y mandamientos de embargo antes de afectar el erario nacional.
