En un nuevo y alarmante episodio de represión, el gobierno de Daniel Ortega, junto con su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, ha intensificado las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. El reciente cierre de la Cámara Oficial Española de Comercio de Nicaragua, junto con la clausura de más de 150 organizaciones sin fines de lucro, marca un escalamiento en la política de represión que el régimen sandinista ha implementado desde el inicio de la crisis sociopolítica en abril de 2018.
La Coalición Nicaragua Lucha, un grupo compuesto por 23 organizaciones defensoras de derechos humanos, gremios de periodistas, movimientos sociales y grupos de víctimas, emitió una fuerte declaración este domingo, condenando la agudización de la situación. En su comunicado, la coalición advirtió que el país se encuentra en medio de una de las peores crisis de su historia, exacerbada por lo que describen como un “régimen totalitario” liderado por Ortega y Murillo.
Una respuesta unida ante la represión: Hacia el Examen Periódico Universal
La Coalición Nicaragua Lucha ha decidido unir fuerzas en el marco del próximo Examen Periódico Universal (EPU) de la ONU, previsto para noviembre de este año. El EPU es un mecanismo crucial de la ONU que evalúa el historial de derechos humanos de los países miembros, y Nicaragua se encuentra en el centro de la preocupación internacional debido a su reiterada falta de cumplimiento con las recomendaciones de ciclos anteriores.
En el ciclo anterior del EPU, Nicaragua aceptó 135 de las 259 recomendaciones emitidas por la ONU. Sin embargo, lejos de avanzar en su implementación, el Estado ha intensificado las prácticas represivas, según denunció la coalición. “La situación ha empeorado, con el régimen totalitario persiguiendo activistas, opositores políticos, defensores de derechos humanos, personas religiosas y periodistas”, detalló el comunicado.
Terrorismo de Estado y la crisis humanitaria
La Coalición no escatimó en calificar la situación en Nicaragua como “terrorismo de Estado”. Según sus denuncias, la represión ha dado lugar a una crisis humanitaria, con un aumento significativo en el número de personas forzadas al exilio y graves afectaciones a los derechos de las poblaciones más vulnerables.
Entre las tácticas de control empleadas por el régimen, la coalición destacó la prisión política, la tortura, las detenciones arbitrarias y la desaparición forzada. En los últimos cuatro años, estos métodos han destruido prácticamente toda la prensa independiente en el país, y han generado un clima de miedo y represión generalizada.
Una de las consecuencias más graves del endurecimiento del régimen ha sido el despojo arbitrario de la nacionalidad, que ha dejado a muchas personas apátridas y vulnerables. Esta estrategia ha permitido que la represión se extienda más allá de las fronteras de Nicaragua, afectando a exiliados y críticos del régimen en otros países.
El cierre del espacio cívico y la anulación de las ONG
El gobierno de Ortega ha clausurado más de 5.000 organizaciones no gubernamentales (ONG), según el informe de la Coalición Nicaragua Lucha. Estas disoluciones masivas han impactado de manera directa a instituciones que trabajaban en áreas como la educación, la salud, los derechos humanos y el desarrollo, dejando a comunidades enteras sin el apoyo esencial que estas organizaciones brindaban.
El cierre de la Cámara Oficial Española de Comercio de Nicaragua es solo un ejemplo más del esfuerzo del régimen por eliminar cualquier vestigio de oposición o independencia en el país. Esta estrategia no solo busca acallar las voces disidentes, sino también cortar las redes de apoyo que existían para los grupos más vulnerables.
Llamado a la acción internacional: Justicia y responsabilidad
En un llamado desesperado a la comunidad internacional, la Coalición Nicaragua Lucha instó a los países a activar la jurisdicción universal para enfrentar la impunidad de las violaciones de derechos humanos cometidas en Nicaragua. Este mecanismo permitiría a otros Estados procesar a los responsables de crímenes graves, como las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas, que han caracterizado la represión del gobierno de Ortega.
Con el país en una situación de autoaislamiento y desacato a las normas internacionales, la coalición subrayó la urgencia de utilizar todos los espacios disponibles para la cooperación y la justicia internacional. A menos de tres meses de la presentación de Nicaragua en el cuarto ciclo del EPU, los miembros de la coalición pidieron acciones concretas y coordinadas para hacer frente a la situación.
Demandas urgentes: Libertad, justicia y democracia
Entre las demandas principales de la coalición se encuentran la liberación inmediata de las 151 personas encarceladas por motivos políticos, la realización de investigaciones exhaustivas e imparciales sobre los crímenes de lesa humanidad y la restauración del orden constitucional en el país. También exigen la derogación de las leyes que permiten la privación arbitraria de la nacionalidad, así como la garantía de elecciones libres y transparentes.
La Coalición Nicaragua Lucha concluyó su declaración abogando por el retorno seguro de los exiliados y la readmisión de las organizaciones humanitarias internacionales expulsadas por el régimen. En un país donde la represión se ha vuelto la norma, estos grupos esperan que la presión internacional pueda, finalmente, abrir el camino hacia una Nicaragua más justa y libre.
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