En un movimiento sin precedentes, Estados Unidos confiscó este lunes en la República Dominicana el avión oficial del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, una acción que ha causado gran revuelo internacional. La operación se llevó a cabo bajo el amparo de las sanciones estadounidenses impuestas sobre Venezuela, según reportó en exclusiva la cadena CNN.
Dos altos funcionarios estadounidenses confirmaron que el avión fue trasladado a Florida después de que se determinara que su adquisición violaba las sanciones de EE.UU., además de estar implicado en otros asuntos penales. «Incautar el avión de un jefe de Estado extranjero es algo inaudito en asuntos penales. Estamos enviando un mensaje claro de que nadie está por encima de la ley ni del alcance de las sanciones estadounidenses», declaró uno de los funcionarios a CNN.
El avión, valorado en aproximadamente 13 millones de dólares, había estado estacionado en la República Dominicana durante los últimos meses. Aunque los detalles exactos no han sido revelados, los funcionarios indicaron que surgió una «oportunidad» para confiscar la aeronave durante una operación coordinada por varias agencias federales de EE.UU., en estrecha colaboración con las autoridades dominicanas. El gobierno de la República Dominicana notificó a Venezuela sobre la incautación.
Descrito como el equivalente venezolano del Air Force One, este avión ha sido utilizado por Nicolás Maduro en numerosas visitas de Estado alrededor del mundo, lo que resalta la importancia simbólica y política de su confiscación. Esta acción representa un esfuerzo por parte de EE.UU. de enviar un mensaje contundente a las altas esferas del gobierno venezolano.
Este decomiso es el más significativo hasta la fecha dentro de una serie de confiscaciones que el gobierno estadounidense ha realizado en relación a activos venezolanos. Aunque en años anteriores se han incautado vehículos de lujo y otros bienes destinados a Venezuela, nunca se había confiscado un activo de tanta relevancia.
Este incidente se produce en un contexto de crecientes tensiones entre Estados Unidos y Venezuela. En abril, EE.UU. revirtió parcialmente el alivio de sanciones sobre el petróleo y gas venezolano, acusando a Maduro de incumplir compromisos electorales tras la inhabilitación de la candidata opositora María Corina Machado.
Recientemente, el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, criticó la negativa del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela a cumplir con los estándares internacionales y nacionales de transparencia, calificando la situación como una «violación inaceptable». Estas declaraciones, emitidas tras un mes de los comicios del 28 de julio, también condenaron el intento del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), controlado por Maduro, de ratificar la cuestionada victoria del presidente venezolano.
Como respuesta, el canciller venezolano, Yván Gil, afirmó que Venezuela «no debe explicaciones» a Estados Unidos respecto a la reelección de Maduro, acusando al Departamento de Estado de «inmiscuirse en asuntos que no son de su incumbencia».
La confiscación del avión presidencial añade una nueva capa de tensión en las ya frágiles relaciones entre ambos países, con un futuro incierto en el horizonte.
